La Cámara de Cuentas mantiene que el gasto no consignado por el Ayuntamieno en 2011 es ilegal

El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, ha asegurado este lunes, respecto al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2011, que el gasto realizado sin consignación presupuestaria, que ese año ascendió a 128,58 millones de euros, es "nulo de pleno derecho" e ilegal.

A pesar de ello, ha dicho, la realidad es que se gasta dinero aunque no se haya presupuestado, y para ello se crearon unos apartados específicos (la cuenta 413 en el caso del ayuntamiento y la 409 en el caso del Gobierno de Aragón) para consignar este gasto, que no obstante sigue siendo "ilegal".

Así lo ha explicado Laguarta en su comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón para presentar el informe definitivo de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza de 2011, que incluye una única recomendación a pesar de las múltiples carencias detectadas.

Según Laguarta, lo fundamental que debería hacer el consistorio, una vez analizadas sus cuentas de 2011, es "organizarse bien", poner en relación la contabilidad y la intervención e incrementar la coordinación interna.

Pero la Cámara de Cuentas, ha agregado, no debe buscar "responsabilidades", porque aunque a veces las decisiones contables las toman "quienes supervisan", la mayor parte de las incidencias detectadas se deben a "deficiencias de la gestión burocrática", por lo que se requeriría un "estudio" en profundidad de la organización municipal.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, que en su versión provisional se filtró a un medio de comunicación y generó una importante polémica tanto en las Cortes de Aragón como en el ayuntamiento, la cuenta general presentada por el consistorio para su fiscalización "no refleja la imagen fiel del patrimonio y situación financiera" a 31 de diciembre de 2011.

El ayuntamiento, ha dicho Laguarta, justificó un resultado presupuestario positivo de 25,7 millones de euros, cuando la realidad es que éste fue, según el informe de la Cámara de Cuentas, de -49,7 millones de euros.

Además, Luis Rufas, consejero encargado del informe en el órgano fiscalizador, ha explicado que se detectó que el gasto no contabilizado ascendió a 163,75 millones de euros, un 22% superior al justificado por el ayuntamiento.

Frente a los 1.244 millones que el ayuntamiento reconoce como pasivo total o compromisos de pago, la Cámara de Cuentas lo eleva en 244,41 millones, entre otras cosas por 181 millones atribuidos al tranvía.

Laguarta ha precisado a este respecto que existe una laguna en las leyes de contabilidad local que han hecho posible que el consistorio no incluya como suyos los activos y pasivos de la sociedad concesionaria del tranvía, generando estos desfases.

En este sentido, también ha hecho referencia a una "carencia notable" de la Cámara de Cuentas a la hora de poder revisar las operaciones de terceros en relación con entidades públicas, algo que sí que le está permitido hacer al Tribunal de Cuentas.

La filtración del informe también ha tenido su espacio en el debate parlamentario y, de hecho, el diputado de IU Luis Ángel Romero ha pedido un protocolo de comunicación para que no vuelva a ocurrir y se asegure "el sigilo y confidencialidad" de los informes.

Laguarta ha estimado que para evitarlo quizá los diputados podrían acordar que los informes provisionales también se hicieran públicos, aunque esa es, ha reconocido, una decisión "política".

La situación del ayuntamiento que refleja el informe en 2011, han reconocido todos los portavoces, es mala, pero Romero se ha mostrado convencido de que ésta ha mejorado tras cuatro años y Manuel Blasco, del PAR, ha apuntado que ahora, pasado el tiempo, sería "ideal" comprobar si el consistorio ha puesto en marcha mecanismos de control "para la recuperación de su credibilidad financiera".

Especialmente duro se ha mostrado el popular Jorge Garasa, quien ha estimado que los funcionarios municipales son "grandes profesionales" y que "alguien" tuvo que darles "instrucciones", motivo por lo que ha exigido que se depuren responsabilidades de quienes han permitido una gestión "con tanta ignorancia o con tanta maldad".

La diputada socialista Ana Fernández ha reconocido que el informe no es bueno, pero también ha lamentado la "utilización política tergiversada" que de él ha realizado el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, a su juicio "de la manera más vil".

Por CHA, José Luis Soro ha pedido que se llegase a un acuerdo para aclarar las consecuencias que debería tener para una administración pública el incumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.