La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a dos hombres acusados de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, por los que el fiscal pedía más de 12 años de cárcel, al considerar que han faltado pruebas concluyentes y aplicar el principio "in dubio pro reo".

En la sentencia, se señala que la prueba de cargo respecto a la autoría es insuficiente al "no existir desde el punto de vista técnico pruebas" de las que se puedan derivar "elementos incriminatorios con una eficacia suficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia".

Los absueltos son dos ciudadanos rumanos, Alín V. y Radu F.P., a los que el fiscal acusó en el juicio, celebrado el pasado mes de febrero, de estafar presuntamente más de 145.000 euros a cerca de cien compatriotas a los que captaron mediante una página web que vendía vehículos inexistentes.

Los afectados aportaron para la compra de los vehículos entre 300 y 4.000 euros, en un caso hasta 13.200 euros, que ingresaban en diferentes cuentas que los presuntos estafadores abrían a nombre de "mulas" o "testaferros", como Radu F.P., quien fue captado por el otro procesado, según dijo en la vista.

La imputación de Radu, quien declaró desconocer el uso de las cuentas y al otro imputado, se fundamentó en la acusación de éste último lo que para el tribunal no es una prueba concluyente, ya que debe haber "otros elementos probatorios que racionalmente corroboren la información que los coacusados proporcionan".

Al respecto, añaden que "si faltan esas garantías externas de corroboración" no se puede entender destruida la presunción de inocencia del acusado y no será admisible su condena fundada en la declaración de otro como único elemento de convicción.

En el caso de Alin V., el tribunal sostiene en la sentencia que se produjo una instrucción defectuosa, ya que no está incorporado en la causa el auto que permitió el registro policial que, en el trámite de otras diligencias penales, permitió el hallazgo, en un archivo de un ordenador portátil, de las claves y códigos de una cuenta.

El tribunal argumenta la absolución de Radu F.P. en que duda de que "actuara con conocimiento" de lo que hacía para favorecer una trama defraudatoria preparada por una organización delictiva, mientras que en la del segundo la fundamenta en razones de seguridad jurídica y la prevalencia del principio "in dubio pro reo" (en la duda, a favor del acusado).

Contra esta sentencia cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.