El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, ha defendido el carácter institucional de este órgano de control, que sus informes obedecen a la legalidad y que es el alcalde quien debe firmar las alegaciones que se presenten a los informes, y no los funcionarios.

Laguarta ha hecho estas afirmaciones durante su comparecencia en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón para presentar el informe de fiscalización de las cuentas generales de las entidades locales aragonesas correspondiente a 2012 y ante la que ha reclamado más poder coactivo para la Cámara para poder obtener toda la información que reclama.

En la respuesta conjunta que ha dado a los representantes de los partidos integrantes de la comisión (PP, PSOE, PAR, CHA e IU), ha dicho que por su posición no podía "mojarse", "me voy a morder la lengua" ante algunas de las cuestiones planteadas por los portavoces de los grupos, y ha señalado que la Cámara es un órgano técnico "que da datos técnicos" para que "las Cortes puedan emitir su juicio político".

No obstante, ante la polémica abierta sobre el informe elaborado sobre las cuentas de 2011 del ayuntamiento de Zaragoza y la diferencia de criterio con los órganos de control del consistorio, ha enfatizado que los criterios contables de la Cámara de Cuentas "están sometidos al bloque de la legalidad" y al plan general de contabilidad pública.

Al respecto y dirigiéndose tanto a los gobiernos, como a la oposición y los medios de comunicación, ha explicado que los informes no son de "un funcionario frente a un funcionario" sino que la Cámara es una institución autonómica, un órgano de control externo de las cuentas de los entes públicos.

Tras criticar que las alegaciones sean suscritas por funcionarios, ha precisado que deben estar firmadas por "el alcalde" que es el "representante legal de la entidad", en referencia a las presentadas por el ayuntamiento zaragozano, que sin embargo no ha citado.

"No vale la firma del director general o de un jefe de servicio", porque no se trata de un asunto entre funcionarios de distintas instancias sino de un "órgano estatutario que fiscaliza la gestión de un ente público", ha destacado.

En este sentido, ha defendido el criterio legal que atiende la actuación de los miembros de la institución que preside y sobre la denominada "Cuenta 413" (acreedores pendientes de aplicar a presupuesto) ha dicho que se trata de "facturas en el cajón, a veces en el armario, de las que hay".

A su juicio, hay que dar una imagen fiel de la contabilización de las operaciones y "reflejar su realidad económica, no solo la jurídica", para que haya fiabilidad en las cuentas de los entes públicos.

Por otra parte, ha calificado como "el mayor disgusto" que se ha llevado desde que es presidente y una "deslealtad" las filtraciones periodísticas del informe sobre las cuentas del 2011 del ayuntamiento de Zaragoza y de los ejercicios de 2012 y 2013 del Gobierno de Aragón.

Señalar que las filtraciones han partido de la Cámara de Cuentas "me parece gratuito" y aunque podría haber esa sospecha en el caso del informe provisional del ayuntamiento, que se publicó un día o dos después de su aprobación, en el referente al Gobierno se produjo tres semanas después de que saliera de la Cámara y ya lo tuviera el Ejecutivo, ha dicho.

"Me parece injusto que se apunte a la Cámara", ha añadido Laguarta, quien, tras reconocer que no tiene pruebas, ha remarcado que con una "certeza del 99,99%" la filtración no ha salido de la Cámara de Cuentas.