"Vivimos de okupas porque no tenemos otro sitio donde ir"

Jonatan Giménez, María Pilar Borja y su hija de tres meses viven desde hace unos días pendientes de la amenaza del desalojo. Y sin tener otro sitio donde ir. Viven de okupas en un piso en la Almozara desde hace seis meses. El banco propietario del piso les ha denunciado y ha solicitado el desahucio. El plazo dado por el juez para abandonar voluntariamente el inmueble ya ha vencido, y ahora siguen peleando en los juzgados y en la calle.

Este jueves por la mañana les han comunicado que el juez ha admitido a trámite su recurso, por lo que parece que el desalojo forzoso no se va a ejecutar en los próximos días. Además, la plataforma Stop Desahucios ha convocado una concentración frente a la entidad bancaria esta mañana para exigir un alquiler social para esta familia.

"Vivimos de okupas porque no tenemos otro sitio donde ir y no nos dan soluciones. Quiero pagar un alquiler social, hasta 150 euros podríamos pagar. Pero el banco se niega a negociar", se lamenta Jonatan, de 24 años, en paro desde hace cuatro. Antes trabajaba limpiando cristales en Grancasa. Su mujer, ahora de baja maternal, también trabajaba de limpiadora. Ganan 621 euros al mes, sumando la baja maternal de Pilar y parte del IAI que cobra él.

Llegaron a este piso por medio de un conocido, que les dijo que era suyo y se lo alquilaba. "Me engañó. El primer mes le pagué 370 euros y luego ya no lo volvimos a ver. Después nos enteramos de que era de un banco. El piso llevaba varios años vacíos y estaba en muy mal estado: sin puertas, sin cocina, sin calentador. Yo lo he arreglado para que pueda estar mi familia. Y ahora nos quieren echar. ¿Dónde quieren que vayamos?", cuenta Jonatan.

Antes de nacer la niña, la pareja vivía en un piso de alquiler en la Almozara. "Pagábamos 350 euros de alquiler, más gas, luz, agua, comida... Teníamos alguna ayuda puntual de los servicios sociales, pero era insuficiente. No nos llegaba el dinero y tuvimos que marcharnos. Nos fuimos sin deber nada. No podemos ir con nuestros padres porque viven en pisos muy pequeños con más familia", explica.

Este jueves por la mañana una veintena de compañeros de Stop Desahucios le han arropado en la concentración, en el Coso. "Pedimos una solución para el caso de Jony: un alquiler social en el piso en el que están o una vivienda de alquiler social de la Administración. El Gobierno de Aragón no pone las medidas suficientes para garantizar una vivienda para las familias en situación de vulnerabilidad", subraya Raquel de la Riva, miembro de Stop Desahucios Zaragoza. La semana pasada se reunieron con la directora general de Vivienda, Belén Corcoy, y criticaron la "ineficacia" del convenio antidesahucios de la DGA.

"Cada vez nos llegan más casos de familias que viven en pisos ocupados. No pueden acceder a un alquiler privado, que cuesta como mínimo 300 o 400 euros al mes, más la entrada. Y la Administración no tiene viviendas sociales suficientes", afirma Pablo Híjar, miembro también de la plataforma.