PSOE, PP y CHA empiezan a negociar una posición común sobre la ley de capitalidad

Los grupos del PP, el PSOE y CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza iniciaron ayer formalmente sus conversaciones para pactar una posición común sobre el anteproyecto de ley de capitalidad presentado por la DGA. Y aunque no hubo avances de relevancia, fuentes de la negociación advirtieron que ningún grupo impuso líneas rojas que impidan, de momento, un acuerdo. IU no acudió a la reunión por su disconformidad con la tramitación de la futura normativa por parte del Gobierno autonómico y mantiene su posición de que el anteproyecto se debe retirar.

La reunión sirvió para pactar el calendario de negociaciones, que se saldará en cuatro encuentros, uno por semana. Después se hará una propuesta conjunta, siempre que haya acuerdo, que se trasladará a la DGA en el trámite de audiencia. De momento se está a la espera de que el Gobierno autonómico conceda al Ayuntamiento de Zaragoza una prórroga de un mes para que alcance una posición común y, según fuentes consultadas, la DGA atenderá esta pretensión municipal.

En la reunión de ayer, que se prolongó durante dos horas y media, se abordaron los títulos del anteproyecto de ley más vinculados a la organización interna del propio ayuntamiento. El gobierno, el pleno, el alcalde, las relaciones con la comunidad autónoma, los trámites para aprobar ordenanzas, reglamentos o los presupuestos son algunos de ellos. No hubo especiales tiranteces, aunque no son precisamente las cuestiones más controvertidas del anteproyecto.

Será a partir de la próxima semana cuando se tocarán cuestiones de más calado. En este sentido, fuentes municipales anunciaron que se empezará a hablar de los aspectos competenciales, especialmente los vinculados a las cuestiones urbanísticas, con las que el gobierno municipal no está conforme porque pueden suponer una merma de autonomía.

La tercera reunión estará relacionada con los servicios sociales, que concentran la mayor parte de las competencias impropias que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero lo más espinoso será la que se abordará en la cuarta y última reunión: la financiación. De momento, el borrador de la ley prevé la firma anual de un convenio bilateral que fijará la cuantía del fondo de capitalidad y que no será inferior al 10% del total destinado al Fondo Local de Aragón.

Este aspecto no ha gustado al gobierno municipal, que defiende criterios más estables de financiación, articulados en torno al alto volumen de competencias impropias que gestiona la capital aragonesa. Si no fracasan las negociaciones, se espera que haya una posición común de los tres grupos a mediados de diciembre.