David Couso, hermano de José Couso, cámara muerto en un ataque del ejército estadounidense al hotel Palestina de Bagdad, que alojaba a parte de la prensa internacional, ha asegurado que a su hermano "no lo han asesinado una vez, lo han asesinado año tras año" quienes han "torpedeado" el proceso judicial.

Ha dicho que esta responsabilidad incluiría, por ejemplo, a miembros del anterior Ejecutivo socialista o del Poder Judicial que se reunieron en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para "torpedear" el proceso, según las informaciones de Wikileaks, o al actual Gobierno por las restricciones a la llamada Jurisdicción Universal introducidas en la última reforma.

Así lo ha manifestado Couso durante su intervención en un debate sobre Justicia Universal celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza donde, entre otros, también ha participado el abogado Carlos Slepoy Prada, quien ha declarado que tras la reforma España ha pasado de ser "pionera" en la persecución de crímenes contra la Humanidad a situarse "en el furgón de cola".

Para el hermano del cámara asesinado, la reforma aprobada por el PP es una "contrarreforma ideológica" que va en la misma línea de otras como la ley de seguridad ciudadana, la ley de tasas judiciales o la ya aparcada reforma de la ley del aborto.

David Couso ha acusado al Gobierno de confundir "la mayoría absoluta con el absolutismo" y le ha invitado a "que cambien su bandera española por la estadounidense o la china", por las presiones de estos países a la justicia universal en España.

A su juicio, esta actitud culmina en una sensación de "clara impunidad" porque "si te apellidas Botín o Borbón tendrás la Justicia de tu mano", al contrario que "si te apellidas Couso, García o Pérez".

No obstante, ha confirmado que tras reunirse con todos los grupos parlamentarios recabaron el compromiso de toda la oposición, en especial del PSOE, el único que contaba con los 50 diputados necesarios para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma popular para revertir la situación actual.

Con respecto al caso de su hermano, que sigue abierto después de más de 11 años tras la negativa de su instructor, el juez Santiago Pedraz, a archivarlo alegando la Cuarta Convención de Ginebra suscrita por España y la separación del poder judicial, ha denunciado la intromisión de miembros del PP por acusar al magistrado de "extravagante" o "juez estrella".

Cuando Pedraz recurrió a Euro Ius, red legal que depende de la Comisión Europea, después de que ni Estados Unidos ni la Interpol hayan cursado ninguna orden de búsqueda y captura hacia los presuntos autores del crimen.

Por tanto, según Couso, ahora toca ver si Europa "defiende los derechos de un ciudadano europeo o actúa en actitud rastrera frente a Estados Unidos".

Por su parte, Carlos Slepoy Prada, quien participó en España en los procedimientos abiertos por los genocidios cometidos en Chile, Argentina o Guatemala y que actualmente defiende a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en el caso abierto en Argentina, ha puesto como ejemplo de la degradación de la Jurisdicción Universal la actuación en lo relativo al franquismo.

El abogado ha incidido en la necesidad de investigar este tipo de crímenes porque, por regla general, son cometidos por poderes públicos y "los Estados no se juzgan a sí mismos", incluso tras un cambio de régimen, como en el caso de España.

Slepoy Prada se ha preguntado por qué instituciones como la Corte Penal Internacional solo han abierto procesos contra los crímenes perpetrados en la antigua Yugoslavia o por dictadores africanos y no por los acaecidos en las dictaduras latinoamericanas, "los crímenes de Israel en Palestina" o las invasiones de Afganistán o Iraq.

Por otro lado, Maite Parejo, abogada experta en Justicia Universal y letrada en los casos sobre el Tíbet que había abiertos en la Audiencia Nacional, ha señalado que "da la sensación" que los requisitos que establece la reforma para continuar con los casos han sido establecidos "a la carta" para que se archivaran los más incómodos para el Gobierno.