La mutilación por una bomba llega al Parlamento Europeo

Juan Luis Serrano, un mutilado que perdió las manos en la explosión de una bomba en 1961 en el Canal Imperial, ha enviado su caso al Parlamento Europeo después de la nula atención prestada en su país. No ha sido reconocido como víctima de terrorismo ni se ha investigado la explosión del artefacto aquel 26 de diciembre de 1961. Cinco niños de 9 a 13 años iban a buscar regaliz y encontraron un paquete con seis bombas de mano italianas envueltas en ejemplares del periódico de ‘La Nueva España’ (26 y 27 de 1949) y atados con una liza.

La Audiencia Nacional archivó una vez su caso porque la ley de víctimas de terrorismo de 1999 solo reconocía como atentados los que ocurrieron desde 1968. La nueva ley de 2011 echó el reloj hacia atrás y llegó hasta 1960, el inicio de los actos terroristas de ETA. Serrano, que es un celador del hospital Miguel Servet jubilado y abogado de "causas perdidas" (así se define), ha vuelto a la carga en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. 

Bajo la nueva legislación, el mutilado interpuso una segunda demanda el año pasado, fue admitida y propuso al tribunal que se practicaran varias pruebas para que Interior facilitara información que nunca aportó sobre el polvorín militar situado al lado del lugar donde encontraron los artefactos (la Torre del Coronel), las explosiones que se sucedieron esas fechas por todo el país y el uso de estas bombas por las Fuerzas de Seguridad del Estado en esos años de la dictadura, que acabó con el decreto del estado de excepción en abril de 1962. 

El magistrado Juan Luis Sáez, ponente de la sentencia, no aceptó las pruebas y la víctima recurrió, pero no ganó. "No han facilitado que se aporten nuevas pruebas para que se conozcan los hechos y saber de dónde procedían las bombas", apunta. "Ni el Ministerio del Interior ni el abogado del Estado reconocen que era un paquete con bombas italianas que nos encontramos envueltas en un periódico. Se centran en que las manipulamos y explotaron", agrega.

El gobernador civil de la época, Alfonso Pardo de Santayana, calificó los hechos como "un triste suceso", pero evitó hasta que los padres de los chicos afectados hicieran una colecta por los efectos que sufrieron con la explosión. Asociación para afectados

Ahora, la Audiencia Nacional tiene que decidir si Serrano, 53 años después de los hechos, fue una víctima de terrorismo –aunque fuera una bomba anónima– y el Estado acaba indemnizándolo. "Con ese dinero quiero montar una asociación para todos los mutilados y ayudarles", apunta.

Antes de que llegue la sentencia, el letrado y víctima zaragozano ha remitido toda la información al Parlamento Europeo para que se pronuncie sobre la actuación del Estado español sobre los hechos y puedan acceder a sus archivos con la desclasificación.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado su propuesta, enviada a mediados de septiembre, y la decisión política sobre el caso puede coincidir con la de la Audiencia Nacional.

Serrano reclamó datos sobre el polvorín militar próximo al lugar donde estaban escondidas las dos bombas y las secciones de explosivos en los cuerpos de seguridad del Estado. "Pude recuperar el sumario judicial en La Muela, gracias a una funcionaria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pero me considero una víctima triple del Estado español", concluye Serrano. Con su experiencia, el mutilado es abogado del joven Alberto Villalba y su padre, que sufrieron en Teruel otro caso similar, con la explosión de una bomba de la Guerra Civil.