El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia ha desestimado la pretensión del empresario e intermediario inmobiliario Carmelo Aured de que desbloquease una de sus cuentas bancaria para poder abonar las responsabilidades civiles y los demás gastos derivados del procedimiento del Juzgado de lo Penal número 5, que lo condenó a tres años y medio de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública. Este juzgado le impuso, además, una multa de 800.000 euros y la devolución al fisco de 503.795 euros.

El acusado en la Operación Molinos –y también condenado en otra causa junto al exconcejal de Infraestructuras de Zaragoza Antonio Becerril a seis meses de prisión por tráfico de influencias– slicitó al magistrado que le liberase fondos para hacer frente a esas cantidades. Su abogado, César Ciriano, argumentó que el pago de las responsabilidades derivadas de sentencias firmes son prioritarias dentro de la prelación de créditos. 

Explicó que como Aured ya había sido condenado en sentencia firme por el Penal número 5 y en el caso de La Muela aún no existe sentencia (ni siquiera hay fecha para el juicio) el juez debería desbloquearle la mencionada cuenta para pagar las multas y los gastos del proceso. 

El magistrado le ha contestado que "en modo alguno" el Código Penal reconoce un derecho preferente de cobro de un juzgado respecto a otro por el hecho de que en alguno de ellos haya recaído sentencia condenatoria firme. "Además –añade el juez– tal y como señala la Agencia Estatal Tributaria, en la presente causa hay otros perjudicados además de la agencia, de modo que de acceder a lo solicitado por el señor Aured se estaría perjudicando las legítimas expectativas de aquellos". Cuentas bloqueadas

En su auto, el juez recuerda que las cuentas corrientes de Aured fueron bloqueadas cuando comenzó a instruir la causa (en 2009) como medida cautelar de las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse. De hecho, en su auto de apertura de juicio oral, exigió a Aured que depositara una fianza de 43 millones de euros. Al igual que al resto de los acusados (a María Victoria Pinilla le pidió 66 millones) les advertía de que en caso de que no las entregasen, embargaría sus bienes en la cuantía suficiente para cubrir esa responsabilidad. El juez, al terminar la instrucción, llegó a la conclusión de que durante los años investigados Carmelo Aured acumuló más de 13 millones de euros fundamentalmente gracias a su labor de intermediación en varias operaciones de compraventa, a la venta de parcelas y a defraudar a Hacienda. 

En el caso en el que ya fue juzgado, la sentencia consideró que Carmelo Aured defraudó un total de 662.985 euros durante los ejercicios 2003 y 2004. Por eso, le impuso penas que sumaron tres años y medio, y dos multas de 400.000 euros. Junto a él fueron condenados uno de sus testaferros, que también ingresó en prisión para cumplir una pena de dos años y cuatro meses, y el que durante años fue su asesor fiscal, José Antonio Puyadas Embid.