La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarazona, María Nieves Pérez, tenía intención ayer de tomar declaración a las respectivas representantes legales de las monjas clarisas de Borja y de las concepcionistas, pero ninguna de ellas se presentó. No obstante, ambas justificaron su ausencia. La primera hizo llegar un escrito al juzgado en el que indicaba que el 11 de agosto coincidía justo con la celebración de Santa Clara, patrona de su orden, y pedía por tal motivo que se excusara su presencia. La segunda remitió un certificado médico en el que consta que padece una enfermedad que le impide testificar. 

Quien sí que acudió fue el ecónomo de la diócesis, en nombre del Seminario Mayor de Tarazona. Pero, en su caso, el juzgado entendió que el poder legal que llevó no era suficiente para tenerlo por su representante legal. Al final, sus declaraciones quedaron aplazadas para el próximo mes de septiembre. 

La juez que investiga la presunta apropiación indebida de 182.546 euros de las cuentas de la parroquia de Borja por parte del sacerdote Florencio Garcés tenía interés en conocer los pormenores de la donación que hicieron en su día dos hermanas a la iglesia. Estas dejaron un legado de 600.000 euros que se repartió entre el Seminario Diocesano de Tarazona, la Fundación Santi Espiritus Santis del Ayuntamiento de Borja, los conventos de las monjas concepcionistas y de las clarisas de Borja, Cáritas, la Virgen de la Peana y distintas misiones. Una parte importante de la donación la conservó la parroquia y Florencio Garcés era su administrador. 

La investigación de la Guardia Civil reveló que en solo 10 meses el párroco sacó 182.546,49 euros de las 21 cuentas corrientes que manejaba como párroco y arcipreste, delegado del obispo, en la comarca del Campo de Borja. En este intrincado caso, en el que ya hay nueve imputados, se trata de aclarar también la presunta extorsión al cura por parte de un clan gitano que, presuntamente, logró dinero a cambio de favores sexuales que no han sido probados.