Uno de los abogados de los consejeros de la Plaza imputados por las obras del apartadero ferroviario, Jesús García Huici, ha avanzado que pedirá el sobreseimiento del caso, al entender que los miembros del Consejo de Administración contaron con información "suficiente" para votar de la forma en que lo hicieron.

García Huici defiende a tres de los consejeros de Plaza, entre los años 2008 y 2009, que están imputados y que este martes declaran ante el juez Alfonso Tello, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Agustín Gracia Inda, Fernando Casasnovas y José Luis Rodrigo Moy.

Los miembros del Consejo de Administración de Plaza, entre 2008 y 2009, están imputados por prevaricación administrativa dentro de la investigación abierta por el juez que aprecia irregularidades en la contratación de dos obras, una las del apartadero ferroviario de Plaza y otra de movimientos de tierras en esta plataforma, trabajos que superaron los 15 millones de euros.

De los trece miembros del Consejo, diez están imputados por el juez -los otros tres son aforados-, ya que considera que, aunque pudieron votar a favor de estas adjudicaciones condicionados por el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, también pudieron haberlo hecho de un modo diferente, pedir más información o demorar la votación.

El abogado ha defendido que los consejeros tenían "suficientes" informes técnicos y jurídicos para apoyar estas adjudicaciones, que se hicieron por procedimiento negociado y de urgencia.

Es más, ha explicado que incluso en la primera sesión en la que se trataron estas adjudicaciones, en junio de 2008, estuvo presente el asesor jurídico de Plaza.

Ha defendido que los consejeros apoyaron el procedimiento de "urgencia" a la hora de adjudicar estas obras, ya que "en otro caso se podía perder la oportunidad de negocio y la instalación se podía haber ido a otra plataforma".

A las 9.00, han empezado las comparecencias ante el juez de la concejala del ayuntamiento de Zaragoza María Isabel López y de García Inda, actual secretario general técnico de Educación.

Las imputaciones del juez se realizaron antes de que saliera a la luz las conclusiones de un informe del Tribunal de Cuentas, que archiva este asunto al no apreciar ningún perjuicio para las arcas autonómicas.

Las diligencias previas se abrieron en virtud de dos denuncias interpuestas por el Ministerio Fiscal.