La Guardia Civil interceptó el pasado sábado una furgoneta que transportaba 2.000 kilos de carpas y luciopercas pescadas ilegalmente en el embalse de Mequinenza. Los ocupantes del vehículo, a los que también se les intervinieron unos 1.500 metros de red, dijeron a los agentes que los peces iban a ser vendidos para consumo humano. Sin embargo, por el momento todo se ha saldado con distintas denuncias administrativas que conllevarán la imposición de las correspondientes multas.

Según informó ayer el instituto armado, los hechos se iniciaron cuando una patrulla del puesto de Caspe que estaba desarrollando labores de prevención del furtivismo se acercó a tres personas que estaban pescando en el paraje conocido como La Portillada, en el término municipal de Sástago.

Al percatarse de la presencia policial, los pescadores montaron en una furgoneta y trataron de huir a gran velocidad por una pista agrícola. Sin embargo, los agentes los interceptaron a los pocos minutos y procedieron a registrar el vehículo, en el que encontraron distintas medios de pesca ilegales, anclas y gran cantidad de peces. 

Tanto la furgoneta como los pescadores, que eran rumanos, fueron trasladados al puesto de Caspe, donde se hizo recuento y se comprobó que transportaban 200 carpas, 45 luciopercas y un siluro que en total pesaban dos toneladas, además de unos 1.500 metros de red de trasmallo de corchetes sin gallos de señalización –un arte que está prohibida–.

Los tres infractores contaron a la Guardia Civil que se dirigían al municipio castellonense de Benicarló, donde iban a vender el pescado para consumo humano –según dijeron, sería exportado a Rumanía–. A pesar de estas manifestaciones, los furtivos solo fueron denunciados por tres tipos de infracciones administrativas: realizar pescas masivas, utilizar artes prohibidas y no devolver al agua las piezas atrapadas –en la provincia de Zaragoza, la carpa es una especie de captura y suelta–.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza explicaron ayer que, aunque las declaraciones de los pescadores sobre el destino de los peces podrían apuntar a la posible comisión de un delito contra la salud pública, la dificultad de probar que realmente el pescado se fuera a vender para consumo humano ha conllevado que por ahora los hechos se salden con una sanción administrativa –y no con una denuncia de carácter penal ante el juzgado, como podría pensarse–.Un embalse sin ley

Hay que recordar que tanto la Federación Aragonesa de Pesca como la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón ya han denunciado en distintas ocasiones que en el embalse de Mequinenza hay furtivos que realizan pescas ilegales a gran escala con el fin de destinar las capturas al consumo humano. «Esta noticia no nos sorprende en absoluto, llevamos años viendo todo tipo de tropelías y barbaridades y estamos curados de espanto», destaca el presidente de los pescadores aragoneses, Norberto Royo.

En el caso de los agentes de protección de la naturaleza, este colectivo ha comprobado que los furtivos que pescan enormes cantidades de pescado llegan a congelar los peces en los campamentos que montan en las orillas utilizando arcones frigoríficos alimentados por generadores eléctricos de gasóleo. En otras ocasiones los filetean y los cuelgan al sol en las ramas de los árboles para conservarlos como mojama, e incluso se ha detectado que construyen hornos para ahumar el pescado in situ.

Todas estas prácticas tienen lugar gracias al descontrol total en el que está sumido el embalse de Mequinenza debido a la afluencia masiva de pescadores y a la escasez de recursos con los que cuentan tanto la Guardia Civil como los agentes de la naturaleza. La Federación y los municipios afectados llevan años denunciando esta situación de caos, pero siguen sin tomarse medidas drásticas. En esta legislatura, el Gobierno de Aragón ha apostado por la creación de un coto en el que los ingresos que se obtengan por hacer pagar a los pescadores se destinen a limpiar la basura y a aumentar la vigilancia. Sin embargo, la puesta en marcha del coto se retrasa una y otra vez y además hay entidades que aseguran que esa solución será insuficiente.