Gimeno y el PP se reprochan el daño causado por el informe a las instituciones

El pleno del Ayunamiento de Zaragoza, que tenía como único punto del orden del día este asunto, ha durado una hora y media.

El vicealcalde Fernando Gimeno
El vicealcalde Gimeno, en la rueda de prensa de ayer
Aránzazu Navarro

El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza y el PP se han reprochado este jueves el daño causado a la credibilidad de las instituciones, en el pleno extraordinario convocado para debatir el polémico informe de la Cámara de Cuentas que advierte de un posible desfase presupuestario de unos 360 millones de euros en el año 2011.


El pleno, que tenía como único punto del orden del día este asunto, ha durado una hora y media y ha servido para que los portavoces de los grupos se ratificaran en los argumentos que ya expresaron en la comisión especial de hacienda del pasado martes, a la espera de que la Cámara de Cuentas haga público su informe definitivo.


El debate lo ha abierto el vicealcalde de la ciudad, Fernando Gimeno, quien ha lamentado la "filtración políticamente interesada del informe" y "su utilización política y desleal", lo que produjo una "indefensión lamentable" con "perjuicio" tanto para la Cámara como para el Ayuntamiento, y ha concluido que "no existe agujero económico" sino "una tergiversación de conceptos".


Gimeno, que es el responsable de área de Presidencia, Economía y Hacienda, ha asegurado que la liquidación del presupuesto de 2011 se ajustó a la legislación vigente y se presentó dentro del plazo establecido y ha señalado que el contenido del informe provisional de la Cámara "va mucho más allá" de lo que establece el legislador.


A su juicio, trata de "imponer sus propios criterios técnicos y jurídicos", que "no son los fijados por la normativa vigente" a la hora de establecer las provisiones de insolvencias y el remanente de tesorería e interpreta la ley "de manera extravagante" en aspectos relativos a la contratación y a las subvenciones.


Al respecto, ha defendido el trabajo de la treintena de técnicos municipales que han elaborado las alegaciones que ha presentado el consistorio al informe de la Cámara, a la que ha acusado de crear "nuevos conceptos jurídico contables", una "construcción teórica del auditor contraria a la ley".


Tras hacer una exposición resumida de los asuntos donde hay más discrepancia con el informe, el vicealcalde ha recriminado que la Cámara no actúe de la misma manera con otras instituciones como la Diputación de Teruel o el propio Gobierno de Aragón.


El portavoz del PP, Eloy Suárez, ha acusado al responsable de las finanzas municipales de "cobardía política" y de mantener la estrategia del "engaño" ya que "hay un problema" en las cuentas al margen del resultado final de la fiscalización de la Cámara, "más allá de su cuantía".


El político popular ha recriminado al gobierno municipal que no se haya aceptado casi nada de lo que pone en evidencia el informe y y al responsable de las finanzas municipales que se haya escudado en los técnicos que han elaborado las alegaciones, sin su aprobación por el órgano competente, para defender unas cuentas cuyo origen fue un "disparate" de presupuesto, ha dicho.


Tras acusar a Gimeno de ocultar facturas por valor de 281 millones de euros, ha criticado su "victimismo" y ha agregado que los ciudadanos tienen derecho a conocer la realidad sobre un asunto que ha llevado al ayuntamiento a tener el "más bajo nivel de credibilidad" de su historia.


Por su parte, el portavoz de IU, José Manuel Alonso, ha apelado al principio de prudencia, ha defendido a los técnicos municipales, ha rechazado la utilización política de la Cámara, lo que tendría consecuencias, y ha advertido que este asunto se ha convertido en un gran "conflicto institucional" entre el ayuntamiento y la Cámara.


El portavoz de CHA, Juan Martín, ha defendido la profesionalidad de las dos instituciones y ha dicho que lo que está en juego es donde está la "verdad contable", porque es difícil de entender que haya un "criterio tan divergente" entre la Cámara, que advierte un posible desfase de 353 millones de euros, y el ayuntamiento, que sólo admite 1,4 millones.