El Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido a sus servicios jurídicos un informe para esclarecer el futuro de Averly, tras recibir este miércoles un escrito de la sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, que considera que en la documentación revisada sobre la licencia de derribo de la parte no catalogada de la antigua fábrica no hay indicios de infracciones penales.

La Fiscalía General del Estado ha estimado oportuno que se supedite el permiso de derribo de la parte no catalogada de Averly al pronunciamiento del Tribunal Supremo, al que se elevó un recurso de casación contra el auto de medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero municipal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, ha recordado que Gerencia de Urbanismo ha recibido este miércoles el escrito de la Fiscalía General del Estado que indica que, "en base a las denuncias que presentó Apudepa con respecto a la posibilidad de existencia de ilícitos penales en la tramitación de Averly, no observa y no se da ninguna de esas condicionantes, un fiscal de lo penal dice que no hay nada que tenga responsabilidad penal", ha remarcado.

No obstante, en el escrito "habla de las posibilidades que se podrían dar si se ejecutase la licencia de derribo antes de que conociésemos la posición de la sala tercera del Tribunal Supremo del contencioso administrativo, que no del penal, con respecto a la cantidad cautelar, recurrida también por Apudepa, que habría que depositar si se paralizase el derribo".

Es una situación "compleja desde el punto de vista jurídico, porque esto está recurrido ante el Tribunal Supremo porque existe ya un auto que ha adquirido firmeza del Tribunal Superior de Justicia de Aragón donde se rebajaba de cinco millones la cautelar a un millón de euros y donde se planteaba dos meses de plazo" para depositar esa cifra.

Decisión ajustada a derecho

Por todo ello, hemos pedido a la asesoría jurídica que vea exactamente las diferentes circunstancias e intereses concernidos para tomar la decisión que más se ajuste a derecho y que defienda los intereses generales".

Pérez Anadón ha manifestado que el ayuntamiento está decidiendo "con respecto a una licencia de derribo pedida por una promotora sobre unos suelos que el Gobierno de Aragón ha decidido no catalogar", para comentar que no se podría hacer nada en este espacio si el Ejecutivo hubiera decidido catalogarlo por completo.

En todo caso, el consistorio desea analizar "jurídicamente" el escrito del fiscal antes de tomar nuevas decisiones y "pediremos encarecidamente ver en qué tiempo se puede resolver, no tanto el fondo, sino la cifra final de la cautelar" que habría que aportar.