El consejo de administración de Plaza no pudo despedir al que fuera gerente, Ricardo García Becerril, y tuvo que optar por rescindir su contrato, con la correspondiente indemnización, porque no había pruebas de comportamientos irregulares, aunque había perdido la confianza de todo el consejo.

Así lo han explicado este lunes ante la comisión de investigación que analiza la gestión y desarrollo de la plataforma logística de Zaragoza Agustín García Inda y José Luis Murillo, miembro y vicepresidente del segundo consejo de administración de la sociedad, respectivamente, en referencia a la pérdida de confianza de García Becerril.

Murillo ha explicado que García Becerril puso sobre la mesa del consejo de administración unas certificaciones de obras 8 millones superiores a las firmadas, lo que supuso una injerencia en la negociación que él mismo mantenía con la UTE Acciona-Mariano López Navarro para conseguir aplazar el pago de una deuda.

Ello supuso la pérdida de confianza del consejo de administración en García Becerril y la retirada de sus poderes, aunque tanto Murillo como Inda han explicado que se acordó extinguir la relación laboral de una forma "adecuada a derecho" y no recurrir a un despido disciplinario porque "no había pruebas contundentes" para defender esa posición, en tanto en cuanto "no había manera de demostrar que su actuación requiriera un despido procedente".

Murillo ha explicado que en ese caso García Becerril podría haber presentado una reclamación que podría haber terminado incluso con su readmisión.

García Inda, recientemente imputado en el caso apartadero de Plaza junto al resto del consejo de administración de la plataforma entre el 2008 y el 2009, también ha justificado que esta obra se licitara mediante procedimiento negociado por la urgencia y la necesidad del proyecto, y ha asegurado que jurídicamente se contaba con todos los avales y que oponerse al procedimiento "quizá sí hubiera sido irresponsable".

Tanto Murillo como Inda, y también Fernando Casasnovas, miembros de ese consejo de administración y también imputado, han asegurado que los controles de las actuaciones en el seno de Plaza eran los adecuados y eran "suficientes".

Para Murillo, cuando se diseñan los controles se piensa en la "lealtad" y la "honorabilidad" del trabajo de los ejecutivos, y Plaza tenía "mecanismos adecuados".

El hecho de que se descubra que alguien mienta, entregue informes falsos o esté "compinchado" con los promotores no tiene que ver con los procedimientos, sino con las actitudes.

Casasnovas también ha dicho que no recuerda que en el consejo de administración se hiciera referencia a desviaciones de obras y ha apuntado que lo que "dio al traste" con el proyecto fue la escasez de ventas de naves.

El último compareciente, Santiago Coello, consejero delegado entre febrero de 2008 y febrero de 2009 de la Corporación Empresarial Pública a la que pertenecía la sociedad Plaza, ha insistido en su nula relación con esta sociedad más allá de su participación como administrador mancomunado de Plaza Desarrollos Logísticos.

Desde este cargo, se ocupó de la negociación del alquiler de las naves de Caladero en Plaza, y como tal está imputado por el supuesto sobrecoste de 3,3 millones de euros en la construcción de la nave que usa esta empresa.