El alcalde de Manchones, Jesús Pardillos (PAR), negó ayer en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia de Zaragoza haber abusado de su cargo para perjudicar a los vecinos que le denunciaron. Pardillos admitió haber puesto trabas a la ampliación de la granja de la familia Badules, pero alegó que lo hizo porque su "deber" como regidor era "velar por los intereses del pueblo".

"A lo mejor me he equivocado, pero he entendido que estos señores no cumplían las condiciones necesarias para hacer las obras –se defendió el alcalde–. Un montón de circunstancias me llevaron a pensar que esa granja no se podía hacer, pero en ningún momento he intentado perjudicar a alguien directamente, ni a los Badules ni a nadie". Pardillos insistió en que "nunca jamás" fue contra los querellantes. "Llevo 31 años trabajando siempre por el pueblo", reiteró.

Al igual que el regidor, el concejal se su grupo Florentín Hernández y el secretario del Ayuntamiento de Manchones, Javier Ayala –que fue suplente en las listas del PAR en Lumpiaque–, negaron todas las imputaciones. Sin embargo, la Fiscalía y el abogado de los Badules, Miguel Lanaspa, les acusan de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial, delitos por los que piden de 6 a 8 años de cárcel para el alcalde y de 4 a 6 para el secretario, además de otras penas de inhabilitación.La licencia que nunca llegó

Los hechos juzgados tienen que ver con la ampliación de una granja avícola solicitada por los denunciantes en 2008. Pese a que el alcalde hizo un informe contrario, la DGA autorizó el proyecto. Sin embargo, el Ayuntamiento no dio el permiso de obras porque el pleno acordó suspender la concesión de licencias argumentando que se estaba redactando un nuevo plan general. Según confirmaron ayer dos concejales que declararon como testigos, en ese pleno Pardillos negó que hubiera alguna licencia pendiente de ser otorgada.

La familia Badules presentó un recurso de reposición contra la suspensión, pero fue rechazado en otro pleno en el que los dos ediles que testificaron ayer –que ya habían comprobado que sí que había una licencia pendiente– votaron a favor de levantar esa restricción. Sin embargo, el recurso fue desestimado con el voto de calidad del alcalde, y justo después se celebró un pleno extraordinario en el que tomó posesión otro edil que podía haber decidido la votación.

Los querellantes presentaron una queja ante el Justicia, este les dio la razón y un juzgado de lo contencioso acabó anulando la suspensión de licencias. Sin embargo, en mayo de 2011 el alcalde volvió a denegar el permiso de obras mediante un decreto que también acabó siendo anulado en los tribunales –de hecho, el juez aceptó la suspensión cautelar de ese acto–.

Las acusaciones sostienen que todas estas decisiones se tomaron movidas por la enemistad de los acusados con los Badules. Según la Fiscalía, la redacción de un nuevo plan general fue solo un pretexto para suspender la concesión de licencias; Pardillos y su concejal ocultaron tanto que había una licencia pendiente como la posterior resolución del Justicia; y, pese a la medida cautelar otorgada por el juez, el alcalde dictó una resolución ordenando la paralización de los trabajos y llamó al constructor que iba a llevarlos a cabo para que no los realizase. Por su parte, el letrado de los querellantes también pone el énfasis en que hubo dolo en la decisión de que el nuevo concejal tomara posesión tras la votación sobre el recurso de reposición y en que el secretario consintió todas esas actuaciones.

Además, las acusaciones coinciden en denunciar que el alcalde y el funcionario cometieron una falsedad en documento oficial al hacer firmar a una vecina del pueblo dos folios en blanco sobre los que luego, siempre según su versión, plasmaron una denuncia contra las obras que realizaban los Badules.

La defensa del regidor, ejercida por Santiago Palazón, niega que su cliente estuviera enemistado con los denunciantes antes de estos hechos y argumenta que la decisión de redactar un plan general y suspender la concesión de licencias no tuvo que ver con la ampliación de la granja avícola, sino que venía de antes. También destaca que el recurso de reposición se rechazó con un informe jurídico de los asesores externos del Ayuntamiento –Lorente Arquitectos–.

Tanto Palazón como el abogado del secretario, José Manuel Marraco, defienden que no hubo ninguna falsedad en documento oficial, sino que el secretario redactó la denuncia siguiendo las indicaciones dadas por la vecina, a quien se le leyó el escrito antes de firmarlo. Marraco también subraya que su cliente no es el responsable de ejercer el control de legalidad sobre las decisiones del Consistorio.Las declaraciones de los testigos

Durante su declaración de ayer, la vecina que en el Juzgado de Daroca testificó que el alcalde y el secretario le habían hecho firmar dos folios en blanco cambió su versión y aseguró que quedó "contentísima" con la denuncia que le redactó el funcionario –el propio Ayala había dicho antes que la mujer le había ido a pedir perdón y que la acusación contra él es falsa–.

Otro testigo, el arquitecto Juan Carlos Lorente, fue rotundo al afirmar que la intención del alcalde de redactar un nuevo plan general era clara y que si actualmente aún no está aprobado ha sido por falta de cartografía y porque luego la DGA redujo las subvenciones concedidas al Consistorio de Manchones.

Por su parte, un abogado urbanista de ese mismo despacho, Rodolfo Alconchel, señaló que los contactos para elaborar el plan general ya venían de 2007. No obstante, también admitió que existió "una relación de causalidad" entre el litigio sobre la granja de los Badules y la decisión de suspender la concesión de licencias.