Urbanismo concederá la licencia de derribo de la parte no declarada como Bien Catalogado por parte de Patrimonio del Gobierno de Aragón de Averly, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza este lunes.

Desde el Consistorio recuerdan que "la concesión o la denegación de las licencias está al margen de las voluntades políticas" ya que son actos reglados. Además, se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha levantado las medidas cautelares que prohibían la demolición de la parte no protegida.

Por su parte, APUDEPA niega que el consistorio no pueda hacer nada contra el derribo de parte de Averly. "El Ayuntamiento puede proceder a la catalogación del inmueble, tanto declarándolo Monumento de Interés Local como incluyéndolo en el Catálogo de Edificios de Interés", explican desde la asociación. Además, aseguran que existen "múltiples irregularidades" en el expediente municipal, por las que se debería negar el derribo.

La constructora Brial compró en 2012 los terrenos de la fundición para levantar una zona residencial, un "uso permitido por el PGOU desde 1986", según apuntan desde el consistorio zaragozano. En 2013, la DGA decidió proteger a portada principal, en el paseo María Agustín, el edificio de la vivienda del propietario y su jardín, las oficinas y el taller de ajustes con la calificación de Bien de Interés cultural, lo que supone aproximadamente un tercio de la extensión de Averly

Apudepa recurrió la decisión de la DGA, pero el TSJA exigió un aval de un millón de euros para mantener como medida cautelar la prohibición de derribo de Averly. Sin embargo, la asociación no depositó la cantidad demandada, por lo que se levantaron las medidas cautelares, lo que permite al Ayuntamiento conceder la licencia de derribo que afecta a la parte sin protección.

El TSJA aseguró en su fallo que, aunque las reclamaciones judiciales hayan llegado hasta el Supremo, a través de un recurso de casación de los movimientos que persiguen la protección total de Averly, estas no condicionan el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los edificios de la fundición.