"Casi todos los docentes menores de 40 son interinos. Tenemos un problema"

Javier López Sánchez se postuló para estar al frente de la Facultad de Derecho cuando su antecesor, Juan García Blasco, anunció que no se presentaba a la reelección por motivos personales. Su experiencia como vicedecano, el reto de terminar proyectos en marcha como el máster de la abogacía y el ánimo de sus compañeros le lanzaron a la carrera. Fue elegido por 29 votos frente a 27 del otro candidato, Isaac Tena. El pasado 19 de mayo tomó posesión de su cargo.

¿Cómo hereda la Facultad?

Con la primera promoción de grado a punto de terminar y con unas tasas de rendimiento buenas que nos hacen estar satisfechos. No obstante, las encuestas a los estudiantes ponen en evidencia que hay ciertas deficiencias o problemas que hay que afrontar y resolver inmediatamente.

Por ejemplo...

Los estudiantes tienen una sensación de saturación por los contenidos porque se ha pasado de una licenciatura de cinco años a un grado de cuatro. Hay que hacer ajustes, adaptar los contenidos, la metodología y ver si hemos hecho la transición bien.

Esa transición y el grado en general deben pasar ahora la reválida de Bolonia. ¿Está Derecho preparado para sacar nota?

Sí, llevamos tiempo trabajando para ajustarnos a la memoria que se hizo cuando se implantó el grado y seguimos haciéndolo.

La memoria de Derecho planteaba un grado con 180 alumnos y estos últimos cursos se han admitido 310 e incluso 320. ¿Cuál es la cifra adecuada?

Es verdad que en los últimos años se han aprobado cifras más altas a los 180 de la memoria y eso va a exigir un ajuste de la memoria. Pero, en este momento, pensar en volver a 180 estudiantes no es razonable. Son unos estudios muy demandados en la Comunidad y tenemos que hacer una oferta también razonable. Ahora bien, es cierto que un número muy elevado de matriculados puede dificultar la metodología docente prevista en la memoria, por lo que tenemos que buscar cierto equilibrio. La facultad ha demostrado que se pueden impartir cuatro grupos de unos 80 estudiantes en primero (320 en total). El problema llega en cursos siguientes cuando se suman los repetidores y los erasmus y puede llegar a haber grupos de 110 o 120 alumnos.

El rector denunció que las restricciones del Gobierno central para contratar profesores provoca problemas de estabilidad en las plantillas. ¿En qué situación está la Facultad de Derecho?

Tenemos un problema porque en la horquilla de 30 a 40 años hay muy pocos profesores permanentes: tienen contratos de interinos o son asociados. Es muy difícil estabilizar el profesorado y animar a los estudiantes a que hagan una carrera académica porque no hay seguridad de poderles ofrecer una salida profesional en la propia universidad. También hay problemas con la promoción del profesorado: tenemos siete u ocho acreditados como catedráticos, pero en los próximos cuatro años no se prevé que salga una cátedra.

A partir de este curso, todos los graduados que quieran colegiarse deberán hacer un máster de acceso a la abogacía. El diseño ha sido controvertido. ¿Se aplicará sin problemas?

El máster ha tenido una regulación del Ministerio algo improvisada. El contenido de las pruebas que se celebrarán en junio se ha publicado hace apenas dos meses. Además, el Ministerio ha elaborado un temario que prácticamente hace que el máster sea una reválida del grado, cuando se le pidió que fuera un examen sobre el contenido del máster. Por lo tanto, la planificación que habíamos hecho de ese título no se ajusta a lo que va a ser ese examen. Se ha actuado de forma improvisada y también con criterios económicos porque la prueba de tipo práctico lo han sustituido por una de tipo test que es menos cara.

¿Qué futuro se encontrarán quienes terminen el grado o el máster?

La profesión de abogado no está en su mejor momento por lo que muchos estudiantes piensan en las oposiciones. Pero como las tasas de reposición afectan al funcionariado, hay pocas convocatorias. Con lo cual, los alumnos sienten una gran incertidumbre sobre su futuro inmediato. Creo que a medio plazo las perspectivas serán buenas. Si se confirma que empezamos a salir de la crisis, habrá opción de opositar y, en cuanto al acceso de la abogacía, el examen de acceso va a suponer una racionalización, una ordenación mayor de la profesión.

Plaza, La Muela, el caso Minas... La actividad jurídica aragonesa está en la primera plana. ¿Se abordan estos temas en las clases?

No me gusta hacer juicios paralelos, pero es cierto que la actualidad jurídica es notable y da pie a que sea comentada en clase. En la Facultad de Derecho hay proyectos de innovación docente que siguen las noticias y contrastan con lo que estudian si la información es adecuada.

Es especialista en Derecho concursal. ¿Ha seguido de cerca al Real Zaragoza?

He seguido el proceso, pero ahí se da un elemento extra: el derecho deportivo. Esto hace que, incluso para los especialistas en derecho concursal, el caso del Real Zaragoza se nos escape. Hay que ser especialista en derecho concursal y deportivo para pronunciarse sobre esto.

¿Qué radiografía haría de la Justicia española?

La introducción de tasas y el proyecto para concentrar los tribunales en las capitales de provincia no me parecen medidas adecuadas. Siempre he sido partidario de una justicia de proximidad, de acercarla a los ciudadano y una justicia centrada solo en asuntos de una cuantía económica trascendente se aleja de la ciudadanía. Además, los poderes públicos deberían hacer una apuesta decidida por destinar fondos a la administración de justicia.