Ocupar un piso o una nave antes que dormir en una chabola o en la calle. Esta es la opción que están eligiendo muchas de las familias (tres de cada cuatro) que en estos momentos viven en uno de los 25 enclaves incluidos por el Ayuntamiento en el Mapa de Chabolismo-Infravivienda en la ciudad de Zaragoza.

Según este documento al que ha tenido acceso este periódico, el 76% de las 94 infraviviendas localizadas en un rastreo hecho a finales del año pasado corresponden a edificios o construcciones ubicados en la ciudad. Se trata de pisos, casas o naves que carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad y que se han impuesto durante los últimos años al chabolismo tradicional que predominaba a finales del siglo pasado y que fue erradicado.

Tal es el caso, por ejemplo, de un edificio de dos plantas en la calle de Pilar Gascón (ElRabal) y en el que en el momento del estudio había ocupados tres pisos por diferentes familias. El inmueble fue comprado por una inmobiliaria a sus antiguos propietarios, permanecía vacío y fue ocupado por estas familias de etnia gitana que no han tenido ningún problema con los vecinos.

El informe va más allá y analiza las condiciones de vida de estas personas, señalando que tienen tarjeta sanitaria, acuden al Centro Municipal de Servicios Sociales y habían pedido una vivienda de alquiler social. Según pudo constatar ayer HERALDO, las viviendas siguen ocupadas, si bien sus ‘inquilinos’ rehusaron hacer declaraciones.

La misma situación se repite en un edificio de la plaza del Rosario del Arrabal, con graves deficiencias estructurales. En el momento del estudio, tres de los pisos de este inmueble estaban ocupados por rumanos que habían perdido su trabajo en la construcción y por una pareja formada por un rumano y una española. Al menos estos últimos todavía siguen residiendo allí, según algunos vecinos, quienes aseguraron que estas personas han limpiado el edificio de la basura que allí se acumulaba desde hacía años.

Cinco zonas de chabolas

De los 25 puntos de infravivienda detectados, en los que vivían 219 personas, solo hay cinco zonas con chabolas y en el resto se localizaron por parte de los equipos del Consistorio caravanas o diferentes modalidades de infravivienda.

El estudio, que ha sido hecho gracias a la información recabada por un grupo de trabajo compuesto por técnicos municipales, la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, la Fundación Federico Ozanam y Cáritas, en colaboración con la Policía Local, determina que siete de los enclaves pueden denominarse asentamientos, pero que solo dos de ellos tendrían una gran dimensión (más de 15 infraviviendas). Se trata de los que están situados en las cercanías de la estación de Delicias y que están ocupados por gitanos rumanos, como ya publicó este periódico.

Por distritos (ver mapa adjunto), el 76% de los enclaves se localizan en distritos urbanos y el resto, en rurales. El mayor número de infraviviendas detectadas se localiza en El Rabal (11), que abarca los barrios del Arrabal, Barrio Jesús, Vadorrey, Cogullada, El Picarral y La Jota. Tres asentamientos se encuentran en el barrio de Miralbueno, otros tantos en la Venta del Olivar, dos en Delicias, tres en San Juan de Mozarrifar y uno en San José, Las Fuentes y Garrapinillos, respectivamente.

Aunque en el informe se destaca que la tipología de los enclaves de infraviviendas es muy diferente, lo cierto es que 15 de ellos, el 60%, se sitúa en el entorno de una gran vía de comunicación: autovía de Logroño, avenida de Cataluña, carretera de Huesca y estación Intermodal, tanto en lo que se refiere a barrios integrados en la urbe como a periféricos.

Propuestas

El informe, además de reunir toda la información sobre el perfil de las personas y las condiciones en las que viven, incluye al final una serie de propuestas que deberían ser puestas en marcha para solucionar los problemas de infravivienda en la ciudad.

Entre ellas, plantean desarrollar una estrategia de infravivienda para reducir la exclusión residencial en la ciudad de Zaragoza, ampliando nuevas acciones y facilitando la cooperación entre las entidades sociales con las administraciones públicas.

El desarrollo de recursos específicos para esta población, proyectos de intervención socioeducativa y, en su caso, el desalojo y limpieza de los asentamientos con propuestas de alojamiento alternativas son otras de las propuestas del informe.