Jesús Bergasa llevaba varios años pagando un recibo de IBI de 150 euros al año por su terreno en la urbanización Torre del Francés de Garrapinillos, que incluye una huerta y un chalé de 260 metros cuadrados en dos plantas. El año pasado, su sorpresa fue mayúscula cuando le llegó la nueva contribución: 953 euros. La revisión catastral que se aplicó en Zaragoza en 2013 ha cambiado la consideración de las viviendas ilegales de los alrededores de la capital, provocando fuertes incrementos en la valoración de estas fincas.

Estos inmuebles "diseminados" –como los denomina el Catastro– estaban considerados como urbanos. Desde el año pasado son rústicos, y se tiene en cuenta el valor del suelo, pero también el de los inmuebles que se levantan. Consideración diferente tienen las construcciones que están claramente destinadas al desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, como almacenes agrarios, invernaderos, instalaciones ganaderas, etc.

Debido al gran tamaño de algunas de las viviendas irregulares de Zaragoza, el cambio de IBI ha provocado que las facturas se hayan multiplicado por cuatro, por cinco y hasta por seis. Sin salir de Torre del Francés, son varios los propietarios que han presentado reclamaciones individuales, mientras que la urbanización ha cursado una colectiva para tratar de paliar de alguna manera ese fuerte incremento.

Bergasa cuenta que, en su caso, el Catastro ha valorado un toldo para dar sombra a los coches, instalado con tubos y unas lonas, a 1.250 euros el metro cuadrado. "Aquí no ha venido nadie a medir nada, lo hacen con fotos aéreas y no se tiene en cuenta qué es cada cosa", señala este vecino de la urbanización. Bergasa afirma que es "un sinsentido" y que los errores, en su caso, van más allá: "Me hice una balsa para regar el huerto y me la han considerado como una piscina".

La valoración de la propiedad de este vecino de Torre del Francés por el catastro ha pasado a ser de 33.000 euros hace unos años a 160.000 ahora, con la nueva revisión. Bergasa considera que es injusto, y ha presentado una reclamación documentando con fotos los errores que, a su juicio, se han cometido en su valoración, que el catastro realiza con la ayuda de fotografías tomadas por satélite.

Según el Catastro, en Zaragoza hay 1.819 inmuebles en suelo rústico con construcción destinada a vivienda, mientras que 5.156 se consideran indispensables para la explotación agrícola, ganadera o forestal. Eso a pesar de que en el término municipal de la capital aragonesa hay unas 12.000 viviendas ilegales, la mayor parte de ellas en suelo rústico.

El cambio en la consideración catastral de estas parcelas ha beneficiado notablemente a la recaudación del IBI por parte del Ayuntamiento. El año pasado entraron en las arcas municipales 3,5 millones de euros por este concepto, siete veces más que en 2012. Según las previsiones del presupuesto de este año, en 2014 se ingresarán 4,1 millones de euros por este concepto, 500.000 más que el año pasado.