El Registro Civil de Zaragoza ha duplicado el número de ciudadanos a los que atiende, si bien, no ha logrado subsanar plenamente las deficiencias y carencias detectadas como había recomendado el Defensor del Pueblo.

Las quejas por insuficiente dotación de medios humanos que provoca demoras en la atención al público en estos servicios son uno de los aspectos que pone de manifiesto el Defensor del Pueblo en su informe de 2013.

Las quejas por el funcionamiento de los registros civiles coinciden, según se recoge en el informe, con poblaciones donde se ha concentrado un gran porcentaje de población inmigrante joven, respecto de la población autóctona.

Esto ha generado un crecimiento exponencial de los servicios que se demandan, tanto por solicitudes de nacionalidad, como por expedientes matrimoniales e inscripciones de nacimiento, sin que se hayan adecuado las plantillas a las características demográficas de tales poblaciones.

La competencia, en materia de dotación de medios humanos y materiales de los registros civiles, atañe a las respectivas comunidades autónomas que, en el caso de las que se han prsentado quejas, han aceptado varias sugerencias y recomendaciones para incrementar la dotación humana y material de varios registros.

En Aragón solo se han presentado quejas por el funcionamiento del Registro Civil de Zaragoza y el Defensor reconoce que la aceptación de la recomendación formulada ha permitido duplicar el número de ciudadanos que son atendidos, pero "sin que se hayan subsanado plenamente las deficiencias y carencias detectadas".

Uno de los aspectos que se ha revelado poco efectivo en este servicio ha sido el sistema de cita previa telemática, debido a la dificultad de acceder al sistema, de ahí que se recomendará incrementar los medios humanos para mejorar el número de citas concertadas.

Aulas prefabricadas

En el informe también se hace hincapié en el uso de instalaciones escolares precarias y aunque en Aragón no es muy elevado el número de aulas prefabricadas el ritmo previsto para su sustitución por instalaciones definitivas es muy lento.

Así, subraya que en el Plan de Infraestructuras aprobado por el Gobierno de Aragón (Acuerdo de 7 de febrero de 2012) solo prevé la sustitución en el período 2012-2016 de menos de la mitad de las aulas prefabricadas existentes.

Por ello, la institución estudia la posible realización de nuevas actuaciones de oficio, dirigidas a conocer el grado de cumplimiento por las distintas administraciones educativas de las previsiones que manifestaron, en el curso de las actuaciones iniciadas en los ejercicios 2010 y 2011, para conocer la sustitución de instalaciones escolares precarias por definitivas.

Quejas en Sanidad

En el ámbito de la Sanidad, la Memoria de 2013 del Defensor del Pueblo recoge las demoras de un año en el Servicio de Traumatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Resalta asimismo la decisión de determinar las zonas limítrofes para la atención sanitaria entre Comunidades autónomas y, en el caso de Aragón, de los servicios que han de prestarse por el Hospital de Lleida para atender a los pacientes de la Comarca del Bajo Cinca (Huesca).

Catastro

Por último, el informe del Defensor también recoge las quejas, entre otras, de Binéfar (Huesca) así como de Cuarte de Huerva y Maella (Zaragoza) y de la capital aragonesa por la divergencia entre el valor catastral individual de la vivienda y el precio que se puede obtener en el mercado por el inmueble.

Según estos municipios la limitación del 50 % del valor de mercado no se está aplicando debidamente y no se ha revisado el cumplimiento de la legislación en este punto.

539 quejas

Durante el pasado año esta institución recibió un total de 539 quejas y solicitudes procedentes de Aragón y 372 solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional.

En total, las quejas presentadas por los ciudadanos al Defensor del Pueblo se redujeron un 88 % en 2013 y sumaron 33.167 frente a las 280.592 de un año antes, una caída que se explica por las miles de solicitudes del recurso de inconstitucionalidad de la supresión de la paga extra que los funcionarios presentaron en 2012.