El juez del caso Plaza acelera ahora la declaración de los ejecutivos de Acciona

El juez que provisionalmente instruye el caso Plaza parece especialmente interesado en tomar declaración a los directivos de Acciona presuntamente implicados en la trama a la que se imputa la malversación de 50 millones de euros en las obras de urbanización de la plataforma logística. Pese a que el fiscal anticorrupción José Grinda había solicitado que se retrasara a septiembre y que el titular del juzgado vuelve el día 2, el magistrado suplente Rafael Lasala -titular del número 7- cursó ayer las citaciones para llamar a declarar a José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, destinados ahora en Brasil y Colombia, respectivamente. Ambos tendrán que viajar a España para acudir al juzgado, previsiblemente el jueves en calidad de imputados.

La decisión ha llamado especialmente la atención, más cuando prácticamente se había acordado posponer estos interrogatorios hasta principios de septiembre, cuando el fiscal anticorrupción José Grinda y el titular del juzgado número 1, José Ignacio Martínez, se hubieran incorporado de sus vacaciones. Hay que recordar que el primero viajó hasta Zaragoza el pasado día 14 para estar presente en los once registros que se llevaron a cabo y en la detención e interrogatorios del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; del director de obra de la empresa Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld; y del director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez. A los tres se les investiga por delitos de malversación de caudales públicos (cifrado en 50 millones), blanqueo, falsedad, cohecho y prevaricación.

Tal y como informa la agencia Efe, el representante fiscal dirigió el pasado día 14 la apertura y registro de los contenedores y recipientes donde la UTE guardaba toda la documentación relacionada con Plaza.

Según las fuentes referidas, un rápido vistazo a algunos de los documentos intervenidos permitió al fiscal comprobar la supuesta veracidad de la denuncia por presunta malversación y blanqueo de capitales presentada en su oficina en relación a estos hechos.

La documentación fue introducida en cajas, precintada y trasladada al juzgado instructor a fin de garantizar la custodia de la prueba.

Los investigadores tratan de determinar si la UTE pudo hinchar algunas de las facturas de obra sobredimensionando el volumen de varios de los trabajos realizados.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés se reunirá el próximo jueves para analizar las medidas que se propondrán un día después en el consejo de administración de Plaza, en el que la administración autonómica ostenta la mayoría.

Fuentes del Gobierno aragonés han reiterado que desde que se hizo pública la operación de la Fiscalía Anticorrupción, en los despachos del Pignatelli se sopesa la posibilidad de que la sociedad Plaza se persone en la causa como perjudicada.