Anticorrupción impugnará la declaración de los dos ejecutivos de Acciona por el caso Plaza

La Fiscalía Anticorrupción impugnará la prueba convocada para la próxima semana por el juez que instruye provisionalmente el caso Plaza para tomar declaración a dos ejecutivos de Acciona presuntamente relacionados con una trama de malversación de 50 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza.

Fuentes de esta fiscalía especial han explicado que el juez suplente que está al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza no ha atendido la petición del fiscal que se hizo cargo de la investigación de aplazar hasta principios de septiembre la prueba testifical a fin de posibilitar su presencia.

Además, el fiscal tenía intención de mantener previamente un encuentro con el titular del órgano instructor zaragozano para informarle de las diligencias practicadas y del conjunto de la investigación.

La decisión del juez suplente ha provocado la inmediata reacción del fiscal anticorrupción encargado del caso que, tras dirigir la semana pasada la operación de entrada y registro de las oficinas de la UTE formada por Acciona y Mariano López Navarro, abandonó Zaragoza con la previsión de volver a principios de septiembre para la prueba testifical propuesta.

Anticorrupción propuso tomar declaración a los directivos de Acciona José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, destinados actualmente en países sudamericanos, para tratar de determinar su grado de participación en la presunta trama de malversación.

El fiscal especial se desplazó el pasado día 14 a la capital aragonesa para estar presente en las tomas de declaración del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, detenido en Salou (Tarragona) con 415.000 euros en su poder; del director técnico de obra de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, y del director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez.

El representante fiscal dirigió en esa fecha la apertura y registro de los contenedores y recipientes donde la UTE guardaba toda la documentación relacionada con Plaza.

Según las fuentes referidas, un rápido vistazo a algunos de los documentos intervenidos permitió al fiscal comprobar la supuesta veracidad de la denuncia por presunta malversación y blanqueo de capitales presentada en su oficina en relación a estos hechos.

La documentación fue introducida en cajas, precintada y trasladada al juzgado instructor a fin de garantizar la custodia de la prueba.

Los investigadores tratan de determinar si la UTE pudo hinchar algunas de las facturas de obra sobredimensionando el volumen de varios de los trabajos realizados.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés se reunirá el próximo jueves para analizar las medidas que se propondrán un día después en el consejo de administración de Plaza, en el que la administración autonómica ostenta la mayoría.

Fuentes del Gobierno aragonés han reiterado que desde que se hizo pública la operación de la Fiscalía Anticorrupción, en los despachos del Pignatelli se sopesa la posibilidad de que la sociedad Plaza se persone en la causa como perjudicada.