Zaragoza

El Ayuntamiento reduce en casi 50 días el pago a proveedores

A pesar de que se está pagando mejor que cuando no había crisis, estas cifras aún se encuentran lejos de los 30 días fijados por ley.

Fernando Gimeno, vicealcalde de Zaragoza
Fernando Gimeno
HA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reducido en casi 50 días el promedio de pago a proveedores, al pasar de abonar las facturas en 150 días en los tres primeros meses de 2013 a hacerlo en 103 durante el segundo trimestre, aunque todavía se sitúa lejos de los 30 días fijados por ley.


Así lo ha anunciado este jueves el vicealcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Gimeno, en una rueda de prensa, tras la reunión del Gobierno de la ciudad, donde se ha conocido el informe sobre morosidad del segundo trimestre de 2013, elaborado por el interventor del consistorio.


Este estudio indica que el tiempo que el ayuntamiento se ha retrasado en pagar las facturas se ha reducido un 37,64 % durante el segundo trimestre del año, respecto al anterior, al situarse en 103 días.


En total, se han abonado a proveedores unos 95,4 millones de euros, lo que supone un 19,59 % más que la cantidad correspondiente al primer trimestre, cuando se pagaron 79,8 millones de euros.


Esta reducción de tiempo en el pago a proveedores se debe a la política de "austeridad selectiva" que lleva a cabo el Ayuntamiento desde hace cuatro años, "muy distinta" a la del Gobierno central, gracias a la "congelación de plantilla" o "las bajadas de salario", entre otros.


Sin embargo, todavía el Consistorio zaragozano presenta "tensiones de liquidez", aunque parece que "empieza a respirar", ha apuntado Gimeno.


Aunque se ha conseguido reducir el plazo de tiempo hasta el punto de que el consistorio "está pagando mejor que cuando no había crisis", todavía se sitúa lejos de los 30 días fijados por ley, un tiempo que para Gimeno, es prácticamente "imposible" cumplir.


Por otro lado, ha criticado el nuevo plan de pago a proveedores aprobado por el Gobierno central, en concreto la nueva "instrucción" del Ministerio de Hacienda, en la que "obliga" a los ayuntamientos a acogerse a él.


Según Gimeno, en el decreto ley se establecieron unos condicionantes, pero, en ningún momento, se indicó que fuera obligatorio acogerse a él como "por sorpresa" ha anunciado ahora el Ministerio de Hacienda.


"No sabemos en qué estará pensando - en referencia al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro-, a lo mejor tienen algún ayuntamiento con problemas serios", ha comentado Gimeno.


De todas formas, Gimeno ha precisado que será en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza donde se decidirá esta cuestión, a pesar de que el consistorio ya había decidido no acogerse al plan, al considerar que "no era necesario".


Por otro lado, en el Consejo de Gobierno, se ha dado también la instrucción de abonar todas las subvenciones y ayudas en materia de acción social del año anterior pendientes de pago, según ha explicado el consejero de Acción Social, Roberto García, quien ha comparecido junto al vicealcalde Gimeno.


Además, se ha aprobado también la convocatoria para subvenciones en materia de acción social para este 2013, con una dotación total de 1,7 millones de euros, destinadas a proyectos de inclusión social; alojamientos residenciales asistidos; apoyo a personas sin recursos, igualdad y conciliación familiar, entre otros.


Por último, se ha solicitado también la elaboración de informes jurídicos, técnicos y económicos para impulsar la creación del Instituto de la Cultural, un organismo autónomo municipal que integre todas las entidades municipales de esta área.


Según ha explicado Gimeno, este proceso de creación del instituto no culminaría hasta el próximo mes de enero, ya que previamente habría que aclarar, a través de informes escritos, la posibilidad de trasladar al personal de las sociedades municipales del área de Cultura.


Se trata de mantener el empleo y garantizar el servicio público al ciudadano, de la forma más eficiente posible, con menos costes, ha señalado Gimeno.


No obstante, ha indicado que, en el caso de que la nueva ley de la Administración Pública transfiera las competencias en cultura al Gobierno de Aragón, el consistorio no pondría "ninguna objeción" a que pasara a gestionarlo la Comunidad, ya que lo "importante" es mantener el servicio al ciudadano