Los trabajadores de servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragozasujetos a convenios con la Diputación General de Aragón (DGA) han asegurado que el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, impulsado por el Gobierno central, "es uno de los ataques más importantes a los ayuntamientos democráticos".

Así se precisa en un manifiesto aprobado en asamblea por estos empleados municipales, que señalan que la propuesta de reforma es "una vuelta a un modelo de gestión centralista", que convierte a los consistorios "en ejecutores de las políticas del Gobierno central, pretendiendo anular la autonomía municipal".

En el caso de la ciudad de Zaragoza, han apuntado que la aprobación de la ley supondría "la desaparición de competencias tan necesarias como la prestación de servicios sociales".

Concretamente, mencionan el Servicios de Dependencia, la Casa de la Mujer y de Acogida, la Casa de las Culturas, el Centro Municipal de Promoción de la Salud, los Programas de Infancia, el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones, la Residencia Casa Amparo y la Escuela Diferenciada de Jardinería.

Además, "se pondrían en peligro la continuidad de cientos de trabajadores y trabajadoras que prestamos estos servicios que, de no ofrecerse, conducirían a miles de personas de esta ciudad a situaciones de pobreza, exclusión social, mayor desempleo y peores condiciones sociosanitarias".

Al respecto, han aseverado que "la defensa de nuestros puestos de trabajo es la defensa de nuestros servicios públicos".