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Discapacidad

Los centros especiales de empleo perdieron 160 trabajadores en 2012

PADIS pide a la Administración que adjudique a estos centros las licitaciones públicas que marca la ley y que persiga a las empresas con más de 50 trabajadores para que contraten a un 2% de discapacitados.

P.P.G. Zaragoza Actualizada 01/07/2013 a las 23:50
1 Comentarios
El empleo de discapacitados físicos cayó un 15% en Aragón

"El año pasado fue un mal año", sentencia el presidente de la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS), Javier Guiu. Debido a la crisis y a la caída del volumen de trabajo, en 2012 los centros especiales de empleo de Aragón perdieron 160 trabajadores, siendo los más perjudicados los discapacitados físicos. A finales de 2011 trabajaban 2.126 personas en estos centros en Aragón, a finales de 2012 esa cifra se reducía hasta los 1.966 y en 2013 el número de empleados en los centros especiales sigue cayendo.

"Como cae la economía, cae todo, las empresas externalizan menos trabajos y nos contratan menos", explica Guiu, quien se muestra comprensivo con la coyuntura económica pero lamenta que la crisis se cebe con los más débiles.

Para evitar que las personas con discapacidad sean las primeras perjudicadas y fomentar su inclusión en el mundo laboral y en la sociedad, el presidente de PADIS pone voz a dos reivindicaciones del colectivo: la adjudicación de un volumen adecuado de contratos públicos a centros especiales de empleo y velar por que las empresas de más de 50 trabajadores cumplan la ley y contraten, como mínimo, a un 2% de personas con discapacidad.

Concursos públicos

La Ley 3/2011 de 'medidas en materia de contratos del sector público de Aragón' dicta que la Administración debe reservar para los centros especiales de empleo un porcentaje en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. La Ley de Presupuestos de la Comunidad fijará cada año esa participación sobre el importe total destinado a la licitación de servicios. En 2011 se marcó en entre un 2% y un 6%.

"Sabemos que son tiempos difíciles, que las empresas también están mal y que no nos pueden reservar todos los concursos, pero nosotros somos los más débiles -expone el presidente de PADIS-, por eso le pedimos un esfuerzo a la Administración, para que al menos entre un 2 y un 6% de los concursos los reserve a los centros especiales de empleo", añade Javier Guiu mientras explica que es "la única manera" de que estos centros sean cada vez más autosuficientes y dependan menos de las subvenciones.

2% de la plantilla

Desde PADIS, reconocen el esfuerzo de la Administración por completar las ayudas a los Centros Especiales de Empleo para cubrir los gastos de los trabajadores con más dificultades pero le piden un compromiso más sólido para hacer cumplir la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) aprobada en 1982.

La ley LISMI establece que las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar con un 2% de discapacitados en su plantilla pero según PADIS, pocas cumplen con esta obligación legal. "Por favor exijámoslo de manera más fehaciente", pide Guiu.

ONG / Empresa privada

Los centros especiales de empleo pueden ser con o sin ánimo de lucro. Las dos modalidades acceden, de momento, a las mismas subvenciones y se regulan por el mismo convenio que fija las condiciones laborales y salariales.

PADIS, a la que pertenecen 66 centros de empleo sin ánimo de lucro en Aragón, aboga por la diferenciación legislativa entre los dos tipos de organizaciones para que los centros especiales de empleo no se conviertan en una forma de contratar trabajadores más baratos.

"Estamos trabajando para conseguir una ley de ámbito nacional que haga esa discriminación", explica Guiu antes de añadir: "Aplaudimos y agradecemos que las empresas contraten a personas con discapacidad, pero nos gustaría que fuese con sueldos equivalentes a los de su empresa matriz". 


  • Caligula02/07/13 00:00
    Siempre me ha parecido una buena idea el que las empresas con más de 50 empleados tengan la obligación (casi nadie la cumple) de emplear a personas con alguna discapacidad. La administración tendría que actuar de oficio y aquellas empresas que incumplan la normativa aumentarles los impuestos. Por otro lada hay que vigilar los centros especiales de empleo, ya que hay casos que solo encubren el beneficiarse la empresa matriz de ciertas exenciones fiscales. Creo también que las ayudas o exenciones tendrían que ir en función del grado de discapacidad del empleado ( conozco un caso con dos empleados uno con la capacidad auditiva reducida y el otro le faltaba el dedo meñique de la mano derecha).


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