Funcionarios y trabajadores de la Plataforma sindical unitaria de Justicia se han concentrado este miércoles ante los juzgados de la Plaza del Pilar de Zaragoza para rechazar la "privatización" de la Administración de este sector y alertar del avance hacia "una Justicia de dos velocidades".

El secretario general del Sector de Justicia de CC.OO. en Aragón, José Ignacio Franco, ha explicado que la concentración se desarrolla "en contra de los movimientos de privatización de los servicios públicos".

En su caso, "estamos preocupados por la posible privatización del Registro Civil" y por los efectos que tendrá la aplicación de la nueva Ley de Demarcación y Planta, presentada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, y del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "contribuyen al desmantelamiento de la Administración de Justicia".

"Retroceso en garantías"

José Ignacio Franco ha advertido de que los cambios normativos conllevarán que labores "que ahora realizan funcionarios públicos pasarán a otro tipo de profesionales liberales, como son los procuradores" que podrán realizar actos de comunicación y de ejecución.

"Creemos que supone una disminución sensible de las garantías de los ciudadanos" y una "pérdida de derechos", a la vez que "nos afectará a nosotros con una disminución de efectivos en la Administración de Justicia".

En este punto, ha indicado que los servicios de notificaciones "se verán muy mermados con la asunción de este tipo de diligencias por parte de los procuradores". Además, "será una asunción parcial porque se quedarán las más sencillas o lucrativas, siempre favoreciendo a quienes tengan dinero para pagarse otra vía".

Como en el caso de la ley de tasas, que también rechazan, se trata de "seguir en el mismo sentido de dificultar el acceso" a la Justicia a quienes "no sean económicamente más fuertes", permitiendo así "una justicia de dos velocidades", ha criticado Franco.