El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 acaba de condenar al Ayuntamiento de la capital a abonar 7,2 millones de euros a la sociedad Expo Zaragoza Empresarial, controlada por la DGAcon el 97,79% de las acciones, por las obras del Balcón de San Lázaro. Además, obliga al Consistorio a abonar los intereses de demora, que pueden superar el millón de euros,y las costas del proceso, que ascienden a 40.000 euros.

La sentencia, que no es firme y que lleva la firma del magistrado Javier Albar, se ha dictado pese a que el vicealcalde, Fernando Gimeno, anunció hace un mes un acuerdo con el Ejecutivo autonómico para resolver este conflicto mediante compensación de deudas, pendiente de ejecutar. No obstante, Albar recuerda que no se ha retirado el recurso y avisa que de haber habido un pacto formal «con seguridad habría existido un acta en la que se habrían reflejado todos y cada uno de los detalles». Niega que el acuerdo esgrimido por el Ayuntamiento de Zaragoza sea vinculante para la sociedad pública.

El magistrado zanja una larga controversia que ha motivado que cerca de la mitad de las obras del Balcón de San Lázaro no se hayan abonado pese a que finalizaron hace cinco años. El proyecto se ejecutó con una encomienda de gestión del Ayuntamiento a Expoagua (hoy, Expo Zaragoza Empresarial). La financiación corría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que el Ayuntamiento decidió no pagar las obras a la Expo hasta no recibir la subvención estatal.

El Gobierno autonómico entendía que el Consistorio debía atender la deuda, a la espera de que después llegara el dinero de Madrid. El lío propició que la adjudicataria de las obras no cobrara y llevara a Zaragoza Expo Empresarial a los tribunales, proceso ahora suspendido de común acuerdo.

Para sostener su posición, el Ayuntamiento esgrimía una cláusula incluida en un convenio firmado en abril de 2010, en el que se decía expresamente que «la encomienda (...) será abonada una vez recibida del Ministerio la subvención vinculada a la ejecución de la obra». El juez anula esta cláusula al considerarla de «imposible cumplimiento».

La sentencia recuerda que Expo Empresarialpresentó el recurso en julio de 2012, reclamando 7,5 millones más intereses, que después se redujeron a 7,2 cuando se sustanció la demanda. Añade que la encomienda se remonta al año 2005 y que se firmaron también dos convenios con Medio Ambiente(en 2005 y 2007) por los que se comprometía a financiar las obras, que entonces se valoraron en 17 millones, en dos plazos: un 50% al iniciarse la obra y el resto, al acabarla. En aquellos documentos se establecía que el 50% final se libraría cuando se justificara que todo se había pagado.

La recepción formal de los trabajos se produjo en noviembre de 2009 y la liquidación definitiva, en marzo de 2010. Un mes después, Expo Empresarial y el Ayuntamiento firmaron un convenio en el que se explicitó la situación especial de San Lázaro y la cláusula en la que se establecía que antes de que el Consistorio abonase las obras debía llegar la subvención de Medio Ambiente.

El juez argumenta que el convenio de 2010 se firmó cuando las tres administraciones estaban gobernadas por el PSOE «y todavía no se había hecho patente la gravedad de la crisis, o al menos las administraciones no habían dado acuse de la misma». Consideró que este contexto «debió de influir en la creencia» de que se modificaría «con prontitud» el convenio para que el Ministerio pagara sin que se exigiera al Ayuntamiento adelantar el dinero.

Pero no fue así, por lo que concluye «que debe darse por extinguida la condición», que califica de «imposible», dado que podría eternizar el conflicto durante años. En este sentido, considera «sorprendente y poco explicable» que no se fijase ningún término final a la vigencia de esta cláusula.

«Una situación kafkiana»

El juez Albar concluye que Expo Zaragoza Empresarial ha cumplido su parte del contrato y explicita el «deber» del Ayuntamiento de pagar «con carácter previo» a poder cobrar del Ministerio de Medio Ambiente. Y califica la situación de «kafkiana», porque la adjudicataria de las obras ha tenido que adelantar la financiación. «Esta no cobra de Expo, la cual no cobra del Ayuntamiento, quien a su vez no cobra del Ministerio, el cual por otro lado, ahora que no es dueño de ninguna acción de la recurrente, además de no tener dinero, parece que tampoco tiene prisa», dice la sentencia.