El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha descartado este miércoles que los cuatro edificios de juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza, que próximamente se trasladarán a la Ciudad de la Justicia, se vayan a destinar a uso universitario.

El consejero ha comparecido en la Comisión de Hacienda de las Cortes Presupuestos y Administración Pública a petición de CHA para informar sobre el destino que el Gobierno de Aragón, propietario del inmueble, va a dar al mismo cuando quede vacío.

Aunque el pasado 1 de marzo el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en pleno, con la abstención del PP, una moción de CHA para dotar de usos universitarios a estas dependencias, Saz ha aseverado que su papel no es cumplir los objetivos de otros partidos ni los dictámenes de otras administraciones.

"No procede determinar los usos de unas dependencias que son del Gobierno de Aragón", ha dicho, al tiempo que se ha preguntado si el Ayuntamiento o la Universidad de Zaragoza mantendrían la inversión, para concluir que "no hay dinero para ello".

Por ello, Saz ha insistido en que la decisión "es del Gobierno de Aragón", aunque ha añadido que hay que contar con el Ayuntamiento, por si fuera necesaria alguna recalificación del inmueble, dado que uno de los edificios está catalogado como de interés arquitectónico, y no ha cerrado la puerta a inversores privados, algunos de los cuales, ya se han interesado por estas dependencias.

Saz ha apuntado que ni el Gobierno ni el Ayuntamiento necesitan ese espacio en la actualidad, ha asegurado que hay que analizar las posibilidades de uso, entre las que ha citado una posible residencia juvenil o geriátrica, uso hostelero, viviendas colectivas o la instalación de oficinas privadas.

Ha insistido en que los parámetros que podrían determinar su futura utilización serán que el inmueble sirva de catalizador y dinamizador de la zona y evitar la degradación del conjunto de los edificios que suponen cerca de 20.000 metros cuadrados, al tiempo que ha añadido que no quedarán vacíos hasta cerca de finales de este año, una vez que concluya el traslado de los juzgados a su nueva ubicación en Ranillas.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha defendido el uso universitario del inmueble, que cumpliría los parámetros citados, y ha pedido claridad al consejero, a quien ha acusado de "tomarles el pelo" en este asunto al no querer desvelar el destino que se le va a dar, al tiempo que le ha preguntado si el Gobierno prevé hacer una recalificación urbanística que podría suponer "un pelotazo" en la ciudad.

También desde IU, Adolfo Barrena ha acusado al Gobierno de Aragón de no saber ni haber planificado el uso del inmueble "después de año y medio".

Antonio Ruspira, portavoz del PAR, ha indicado que su partido "no pone puertas al campo" en un momento en el que es difícil encontrar inversores, ha instado a "no ser pardillos" y poder darle cualquier uso y ha animado al Gobierno a mantener una relación bilateral con el Ayuntamiento por si fuera necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Desde el PSOE, Ana Fernández, ha criticado la "indefinición" del Ejecutivo autonómico sobre este futuro uso y si sobre si será público o privado, por lo que ha pedido a Saz mayor definición, urgencia en la utilización y contactos con el Ayuntamiento.

Finalmente Jorge Garasa, del PP, ha insistido en que el uso universitario del edificio es "inviable" por la situación financiara de la Universidad de Zaragoza, toda vez que ha añadido que su futuro requiere un tiempo de reflexión y que lo racional sería encontrar una actividad que diera el valor, sea pública o privada.