El Pleno de las Cortes de Aragón ha instado este jueves al Ejecutivo autonómico a incluir la atención a las drogodependencias y otras adicciones, con especial atención a la población infanto-juvenil, en el próximo Plan de Salud Mental y, en consecuencia, a mantenerla vinculada al ámbito sanitario de la salud mental.

Asimismo, la Cámara ha emplazado a culminar el proceso de creación de una cartera de servicios uniforme dentro de las Unidades de Atención y Seguimiento (UASA) para homogeneizar en todas ellas la asistencia a los pacientes. El Parlamento ha solicitado que se refuerce el respaldo a las asociaciones de pacientes, incluido el económico, si fuera necesario para el desarrollo de su función social.

El Grupo proponente de la proposición no de ley, CHA, ha aceptado una enmienda del PSOE y otra del PAR. La mayoría parlamentaria ha rechazado otros cinco puntos de esta iniciativa.

En estos puntos, la portavoz de Chunta, Nieves Ibeas, ha propuesto mejorar la coordinación entre las distintas administraciones e instituciones y garantizar el respaldo económico para el desarrollo adecuado de los recursos de las corporaciones locales, dotar a las UASA de un equipo profesional multidisciplinar y crear una unidad específica de desintoxicación con un mínimo de seis camas en el Servicio Aragonés de Salud.

Asimismo, CHA ha defendido la continuidad de la Comunidad Terapéutica El Frago y que ha recomendado que se ponga en marcha una comunidad terapéutica pública específica para la patología dual. Ibeas ha exigido que la Comunidad El Frago se adapte a las "necesidades actuales" de los pacientes. Ha señalado que la satisfacción de los usuarios es muy alta.

La parlamentaria socialista María Victoria Broto ha exigido que se aplique la ley aprobada en 2001 para la prevención de estas conductas y facilitar la reinserción de los drogodependientes. Ha propuesto --y CHA lo ha aceptado-- poner un especial énfasis en la atención a los drogodependientes infanto-juveniles. Ha rechazado la creación de una unidad específica de desintoxicación en el SAS para evitar la "marginación" de estas personas.

El diputado del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, ha afirmado que la comunidad El Frago es "dudosa en cuanto a resultados efectivos", y ha rechazado la creación de una unidad específica de desintoxicación en el SAS. Ha planteado mejorar la coordinación entre las administraciones.

La parlamentaria de IU, Patricia Luquin, ha manifestado su preocupación por el posible cierre de la comunidad de El Frago y ha alertado de la limitación de los recursos públicos contra la drogodependencia.

La diputada del PP, Marián Orós, ha defendido la prevención de las drogodependencias y ha recordado que el Gobierno ha firmado convenios con comarcas y ayuntamientos. También ha dicho que "no es posible" incrementar la dotación presupuestaria para esta materia.