Educación

Defensores de la Escuela Pública apelarán al Justicia de Aragón la orden de bilingüismo

El colectivo propone el envío masivo de recursos de reposición individuales, para lo que se llevará a cabo una entrega conjunta el 15 de marzo.

La Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Zaragoza entregará al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, un escrito de protesta contra "los abusos de la monarquía feudal" de la consejera de Educación, Dolores Serrat, y la coalición PP-PAR.


Esta es una de las medidas acordada por la plataforma en la asamblea celebrada el pasado jueves 28 de febrero para debatir el programa de bilingüismo de Serrat, contra el que el colectivo expresa su indignación porque supone una "pérdida de calidad del modelo existente e impone a los centros públicos unas condiciones de acceso muy difíciles de cumplir", según informa la plataforma en un comunicado.


La plataforma considera que el calendario y la aplicación de esta Orden está diseñado con el objetivo de colocar a la educación privada concertada en una clara ventaja respecto a la pública en el momento de la adscripción de alumnos.


Por ello, el colectivo propone el envío masivo de recursos de reposición individuales contra esta Orden de Bilingüismo, como ya lo han hecho la plataforma y los sindicatos de enseñanza pública, y para lo que se llevará a cabo una entrega colectiva el próximo 15 de marzo en la sede de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPAR) en Zaragoza.


Próximos encierros

Antes,el día 13, habrá encierros en los centros educativos públicos para los que se desarrollará una campaña de información previa sobre este texto.


La plataforma ha propuesto también a los claustros de profesores que elaboren manifiestos de rechazo al mismo tiempo por la pérdida de calidad que supone y, en especial, por el "favoritismo" con que se legisla para la red concertada y las restricciones que se ponen a la pública.


Asimismo, piden a los tres partidos políticos de la plataforma (PSOE, CHA e IU) que presenten mociones contra esta Orden en todos los ayuntamientos posibles y se va a establecer un sistema electrónico de recogida de firmas pidiendo la retirada inmediata de la misma.