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Ayuntamiento de Zaragoza

La FABZ y trabajadores del Ayuntamiento piden la retirada de la instrucción sobre ayudas urgentes

Efe. Zaragoza Actualizada 25/02/2013 a las 14:58
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La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza han presentado un recurso de reposición contra la instrucción sobre Ayudas de Urgencia remitida a los trabajadores por el consejero municipal del área, Roberto Fernández.

En el recurso, firmado por el presidente de la FABZ, Félix Moreno, y por Jesús Domínguez Sanz en representación de la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, se pide al edil que declare la invalidez y retire la instrucción que, además, colisiona con el reglamento municipal para la aplicación de las ayudas de urgencia y con el decreto del Gobierno de Aragón que modifica la regulación de estas prestaciones.

Una instrucción que, denuncian ambos colectivos, reduce las posibilidades de acceso a las prestaciones, produciendo una merma en los derechos de los ciudadanos, y que carece de cobertura normativa porque contraviene las citadas normas, aún vigentes.

Según estas organizaciones, la instrucción suspende estas ayudas cuando el ámbito de cobertura sea la salud bucodental, mientras que el marco jurídico regulador incluye necesidades sociales primarias de cuidados sanitarios cuando no se puedan cubrir con otros sistemas de protección.

También quedan suspendidas las ayudas para "otras prótesis y aparatos ortopédicos" y se limitan con cantidades máximas las ayudas para gastos derivados de óptica.

Respecto a las ayudas de urgencia para gastos de vivienda, se establece un máximo de cobertura de cuatro mensualidades por año y recoge que no se aprobarán las solicitudes por este concepto cuando los gastos de alquiler o hipotecas que se pretendan cubrir superen el 60% de los ingresos totales de la familia.

En la misma línea, se establecen cantidades máximas a conceder para diferentes tipos de electrodomésticos y se establece un máximo de cuatro recibos de cobertura anuales con el límite de 100 euros por recibo en concepto de gastos de gas y electricidad.

Finalmente, se fija un máximo de cuatro ayudas de urgencia para alimentación e higiene personal y se establece un baremo con cantidades máximas a conceder dependiendo del número de miembros que constituyen la unidad familiar.

Limitaciones que, aseguran, no aparecen en la normativa vigente, lo que constituye "una flagrante vulneración del principio de legalidad que ha de inspirar todas las actuaciones de los órganos municipales".

Según estos colectivos, el consejero es "manifiestamente incompetente" para cambiar la normativa, por lo que ha incurrido en una de las causas de nulidad de pleno derecho establecidas la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A juicio de estas organizaciones se trata de "un simple acto administrativo", que pretende condicionar la actividad de los servicios técnicos con competencia en materia de servicios sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Dados los perjuicios de difícil reparación que puede ocasionar la aplicación de esta instrucción a muchos usuarios de los servicios sociales y su "manifiesta nulidad", la FABZ y la Plataforma firmante solicitan que se proceda a la suspensión de su ejecución en tanto se resuelve el recurso.




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