La plataforma de trabajadores municipales en defensa de los servicios públicos, que ya cuenta con 200 personas adheridas, ha advertido este domingo de que combatirá las agresiones a estas prestaciones y luchará para evitar cualquier tipo de despido en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Así se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa convocada para dar a conocer esta nueva plataforma que participará en la manifestación convocada por las mareas Naranja (Servicios Sociales), Blanca (Sanidad) y Verde (Educación) para el próximo día 20 en la capital aragonesa.

En la intervención han participado Pablo Alconchel, empleado laboral; Begoña Villar, trabajadora en el Teatro Principal perteneciente al Patronato municipal de Artes Escénicas y Música; Darío Navarro, funcionario interino; y Luisa Bruto, trabajadora social mediante convenio con el Gobierno de Aragón, quienes han explicado las consecuencias de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en los distintos servicios.

La reforma de la ley pretende disminuir el gasto de la administración pública y adecuar las competencias municipales, que se dividirán entre obligatorias y facultativas.

Según Alconchel, la reforma puede implicar la pérdida de 1.000 empleos en el Consistorio zaragozano e impedirá que puedan prestar competencias no obligatorias los ayuntamientos no saneados, como el de la capital aragonesa, donde la deuda ya ha alcanzado el 120% del presupuesto, el tope legal.

Además, obligará a disolver sociedades y patronatos así como a crear consorcios entre administraciones y al no poder aportar dinero para prestaciones no obligatorias como escuelas infantiles supondrá el traspaso de la competencia al Gobierno de Aragón o su privatización, lo que puede implicar una merma de los servicios o de su calidad.

Luisa Bruto ha advertido de que a pesar de que con la actual estructura del Consistorio (120 profesionales de diferentes perfiles), "no se llega a atender a toda la población de Zaragoza que lo merece", el recorte de 50 a 30 millones que recogen los Presupuestos del Estado para 2013 en servicios sociales puede implicar incluso una dejación en la prestación de las obligaciones básicas de las administraciones.

A juicio de la trabajadora social con este recorte se corre el riesgo de que los servicios se deriven a entidades privadas, lo que "supondrá un recorte de personal, de servicios y de derechos".

En estos momentos, ha informado Darío Navarro, el Ayuntamiento de Zaragoza, con una plantilla de unos 4.000 trabajadores, tiene un veinte por ciento de temporalidad, durante los últimos cuatro años ha perdido 80 trabajadores al año por jubilaciones que no se reponen, tiene 600 vacantes sin publicar y todavía tiene la Oferta de Empleo Público de 2006 sin ejecutar.

El objetivo de esta plataforma es hacer "un frente común" en el Ayuntamiento de Zaragoza para luchar contra esa reforma de la ley y sus consecuencias como la pérdida de puestos de trabajo y con la que cree que el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, "está soñando con que salga de una vez porque va a suponer un alivio económico".