El pleno del ayuntamiento de Zaragoza ha acordado este viernes reprobar al Gobierno de Aragón por su decisión "unilateral" de incluir a la capital aragonesa entre los municipios que deben pagar el canon de saneamiento a partir del próximo 1 de enero sin tener en cuenta el convenio previo suscrito entre ambas administraciones.

El acuerdo es fruto de una moción de CHA, que solo ha sido rechazada por el PP, y que ha incluido una propuesta de IU por la que se instará al Ejecutivo autonómico a realizar una auditoría económico-financiera, medioambiental y social del plan de saneamiento y depuración de Aragón con la participación de las administraciones locales y ciudadanas.

La auditoría deberá incluir una investigación sobre los procesos de adjudicación de depuradoras que tuvieron lugar y una moratoria de los pendientes de adjudicar.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de CHA, Juan Martín, ha justificado la petición por "la actitud" del Gobierno de Aragón, que ha decidido cobrar a la ciudad a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos con "nocturnidad, alevosía y el Boletín Oficial de las Cortes", en alusión a la escasa utilización de esta publicación por la ciudadanía.

El Ejecutivo autonómico "no puede en medio de una negociación plantear una actitud tan cicatera como están planteando", ha señalado Martín, quien ha acusado al PAR de ser "la mano que mece la cuna".

Ha recordado que la ley de saneamiento nació para cumplir una normativa marco europea en un momento en el que la ciudad de Zaragoza ya depuraba "prácticamente todas sus aguas", motivo por el que cree que el ayuntamiento "no tiene que entrar en ningún plan de depuración".

En opinión de Martín, en el proyecto de depuración de aguas "se ocultan ciertas cosas que, como mínimo, tienen cierto tufillo", al tiempo que ha advertido de que su apoyo al equipo de Gobierno dependerá del acuerdo que se alcance.

El consejero de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, responsable de la negociación del canon, ha denunciado que el Gobierno de Aragón pretende "obligar a la ciudadanía a pagar más del doble por el saneamiento".

"Zaragoza no va a estar en el sistema de saneamiento general nunca" porque "nunca dejará sus competencias", por eso Gimeno ha dicho que el objetivo es aprobar un convenio para analizar cómo puede ayudar al Gobierno de Aragón a pagar las depuradoras de la comunidad.

El PSOE apoya la moción porque "no se puede plantear una ley de esta manera" y porque hay que analizar "cómo colabora o no" la ciudad de Zaragoza para apoyar al conjunto de los pueblos de Aragón.

Según Gimeno, las dificultades de la negociación radican en que el Ayuntamiento "sigue defendiendo que debe compensarse a los vecinos de Zaragoza antes de empezar a pagar lo que pagan los del resto de Aragón", y por eso el Gobierno autonómico "debe reflexionar" convencido de que se puede llegar a un acuerdo "desde un planteamiento razonable".

Desde el PP, su portavoz, Eloy Suárez, ha recordado que fue el ex presidente de Aragón Marcelino Iglesias, del PSOE, quien decidió con el Gobierno municipal socialista que "las familias zaragozanas pagaran 150 euros al año y de acuerdo con eso se ejecutó el plan", ya que de otro modo era "inviable".

La realidad, ha apuntado Suárez, es que hay que pagar una inversión que era "una bomba de relojería" y la decisión de "dar marcha atrás es complicada, complicada".

Suárez ha atribuido los problemas para llegar a acuerdos a que el ayuntamiento "ha enviado a alguien a negociar con la orden de no negociar", y "tendrá que decidir si manda a alguien que no sea un trilero contable", a lo que el alcalde, Juan Alberto Belloch, ha respondido que la orden es que se alcance un acuerdo "razonable".

El portavoz de IU, José Manuel Alonso, también ha reconocido que el plan de depuración es "imposible de cumplir" porque no hay financiación y presenta unos costes de amortización "inasumibles" que obligan a construir las 173 depuradoras previstas mediante un canon.