El Centro de Inserción Social 'Las Trece Rosas' de Zaragoza se encuentra “sobreocupado” de presos. Así lo denuncia al menos la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón (Asapa), desde donde aseguran haber constatado episodios de saturación en los que se han asignado tres personas por cada celda.

Esta instalación, inaugurada en 2004 en el barrio de Torrero de la capital aragonesa, cuenta con 135 celdas y una superficie construida de más de 3.000 metros cuadrados. Estos establecimientos penitenciarios están destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto, así como al seguimiento de cuantas penas no privativas de libertad se establezcan en la legislación penal. También se dedican al seguimiento de los liberados condicionales que tengan adscritos.

Sin embargo, desde Asapa precisan que la sobreocupación del centro “afecta a la convivencia” y “vulnera los estándares mínimos para el cumplimiento de condenas a nivel europeo”. Una acusación que de momento no obtiene respuesta por parte de Instituciones Penitenciarias, que no ha facilitado la cifra actual de internos de 'Las Trece Rosas'.

Además, esta asociación critica “la denegación sistemática y en contra de lo previsto en la ley de las libertades condicionales, y el incumplimiento de la ley incluso en los fines mismos de un centro destinado a acoger a personas presas en régimen de semilibertad, como son potenciar las capacidades de inserción social positiva o fomentar la normalización social e integración”. Por estos motivos, Asapa presentó el año pasado una denuncia al juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº1 de Zaragoza, pero aseguran que la situación no ha variado.

Por su parte, los sindicatos y funcionarios de prisiones aseguran que, pese a la reducción del número total de presos en las cárceles españolas, todavía faltan trabajadores para reforzar las plantillas, cada vez más 'delgadas' por la ausencia de convocatorias de plazas públicas. “En la convocatoria del año pasado solo salieron 60 plazas, y para este y el siguiente ya nos han confirmado que no habrá ninguna”, lamenta José Claudio Gistás, responsable de área del sindicato CSIF.

El Gobierno 'contrata' a escoltas y vigilantes privados

Por otro lado, el Ministerio de Interior ya ha desvelado el plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA.

Una medida que se pondrá en marcha el último trimestre del año. Según han explicado fuentes de Interior, los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos "auxiliares" como la vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios o el control de las cámaras de seguridad.

En ningún caso estos refuerzos, -aún se ultima el número exacto- se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles.