UPyD pide la paralización de los valores catastrales

Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Zaragoza ha registrado una petición en el Ayuntamiento, solicitando al alcalde Juan Alberto Belloch, y a su vicealcalde, la suspensión y paralización del procedimiento de valoración colectiva general derivado de la Ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de Zaragoza, por considerarla contraria a Derecho y por no ajustarse a la realidad económica del mercado en fecha actual.

UPyD pide que desde la Alcaldía y la Vicealcaldía se dirijan a Gerencia Regional del Catastro de Aragón y, en su caso a la directora General del Catastro del Ministerio de Economía, solicitando la paralización de la Ponencia de valores. Para UPyD es "muy grave" que el Estudio de Mercado inmobiliario que se acompaña a la Ponencia, como fundamento esencial de la misma, "no se ajuste a la realidad económica del mercado en este momento".

También quiere que UPyD que desde el equipo de Gobierno, se dirijan las mismas instancias para reclamar que se suspenda el procedimiento de notificación que se está efectuando, y hasta tanto no recaiga un nuevo acuerdo conforme a la realidad del mercado inmobiliario, no sean efectivos los nuevos valores catastrales previstos para 2013.

A diferencia de otras asociaciones que, también razonadamente, dirigen sus peticiones al Ministerio de Hacienda, UPyD ha optado por hacerlo directamente al Consistorio. "El Ayuntamiento y su alcalde es el máximo responsable de defender los derechos de los vecinos e, independientemente de que inste la necesaria revisión catastral, debe asegurarse de la validez de la misma", ha dicho el coordinador de la formación magenta en Zaragoza, Javier Puy.

Ha agregado que "son numerosos los ayuntamientos que, velando por los intereses de los ciudadanos, han solicitado ante la Dirección General de Catastro una revisión de las correspondientes valoraciones "a la baja", razón por la cual, "el señor Belloch no puede inhibirse de lo que es un clamor entre los zaragozanos".

Puy también quiere señalar el riesgo operativo que supone continuar con un proceso de revisión de valores que puede ser posteriormente anulado, como ha sido el caso de Xvia, después de una sentencia del Tribunal Supremo. "Todo apunta a que la ferocidad recaudatoria de nuestro Gobierno municipal anula la capacidad del Alcalde para distinguir lo que es bueno de lo que es malo para la ciudad y sus moradores", ha dicho.