Las oficinas de Zaragoza Vivienda son ya un punto de ayuda para las personas asfixiadas por la situación económica devenida de sus deudas hipotecarias. Tras el convenio firmado este jueves entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, la puesta en funcionamiento de la Oficina de Mediación Hipotecaria es ya un hecho.

Este organismo va a desarrollar su servicio por medio de dos equipos compuestos por 24 personas, entre los que se encuentran dos asistentes sociales y cinco abogados. Además, el proyecto cuenta con un presupuesto de 350.000 euros procedente de la partida de Rehabilitación de Vivienda, dado que las ayudas nacionales y autonómicas que tenían este objetivo se han reducido a cero, según indicaron fuentes conocedoras del proyecto.

El objetivo de la campaña como ha señalado el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, es que “no haya desahucios”. Una meta complicada si se tiene en cuenta que en Aragón hubo en 2011 en torno a 2.000 ejecuciones hipotecarias, de las que 1515 correspondieron a la provincia de Zaragoza. Además, Alarcón ha anunciado la disposición de su departamento a extender esta iniciativa al resto de la comunidad.

Sin embargo, el proyecto, propuesto por Izquierda Unida en el pacto de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza y ahora ratificado por el Gobierno de Aragón, va a proponer a las entidades bancarias formar un stock de viviendas en alquiler. “Estamos explorando la posibilidad de disponer de este acuerdo”, señalaba Jerónimo Blasco, vicepresidente de la sociedad municipal, quien aseguraba que ya ha mantenido contactos con algunas entidades financieras.

En este sentido, Pablo Muñóz, concejal de IU en el consistorio zaragozano y uno de los impulsores del proyecto, apostaba porque los bancos aseguren “públicamente que no van a hacer negocio con las viviendas y firmen un protocolo con las administraciones públicas”. El concejal analizaba este convenio como una “actuación de los entes públicos sobre un mercado privado de vivienda en alquiler”. Sin embargo, Muñóz valoraba esta oficina como un primer paso, asegurando que faltan reformas legislativas en esta materia y que “la dación en pago tiene que ser una de ellas”.

Procedimiento

La entrada en funcionamiento de esta oficina generará, según las expectativas, una avalancha de peticiones. Sin embargo, los beneficiarios de este proyecto tienen que cumplir ciertos requisitos. “Las personas físicas y sus unidades de convivencia residentes en Zaragoza, que siendo propietarios/as de una vivienda que constituye su domicilio habitual, que no tengan otras viviendas en propiedad, y estén afectadas por situaciones objetivas de sobreendeudamiento y/o riesgo de pérdida de su domicilio habitual”, recoge el convenio.

Además, los beneficiarios tienen que aceptar voluntariamente su compromiso de “participación activa en la formulación del Plan de Viabilidad”. Por último, el valor límite de la vivienda en propiedad no debe superar, en el momento de la adquisición, el valor de 250.000 euros.

El proceso de la oficina comienza siempre, según el protocolo firmado, con una fase de información y orientación. A este servicio, además de los afectados, podrán acudir aquellas personas que quieran recibir consejos básicos para la adquisición de una vivienda, así como, las consecuencias legales que derivan por impago de la hipoteca.

Desde aquí, se derivará a los afectados a los profesionales especializados en el asesoramiento y la valoración socioeconómica. El punto más importante en esta fase es la creación de un Plan de Viabilidad con el cuál la familia pueda afrontar las deudas a los acreedores principales, en este caso la entidad bancaria, y cubrir los gastos indispensables de la vida.

Finalmente donde entra en juego la capacidad negociadora de la Administración es en la tercera fase de asesoramiento legal y mediación. Aquí entran en juego los abogados mediadores especializados en la materia que acompañarán al usuario al banco y gestionará el procedimiento.