Zaragoza

Zaragoza genera un 2% menos de residuos por la crisis

El Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza ha procesado 250.000 toneladas de basura urbana en menos de tres años.

Alrededor de 250.000 toneladas de basura urbana ha procesado el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) desde su apertura en 2009, un 2% menos de lo previsto debido a la crisis, que lleva a los ciudadanos a aprovechar el material durante más tiempo y a no desecharlo tan fácilmente.


De esta cantidad total, a la que hay que añadir 9.000 toneladas de envases ligeros al año, es decir los depositados en el contenedor amarillo, se recicla un 55% con el que se obtiene biogás, aprovechable para la producción energética, o compost, un abono orgánico para uso agrícola.


El resto, en torno a un 44,6%, es trasladado y depositado en el vertedero, un porcentaje ligeramente inferior al estipulado en el contrato municipal, al menos un 45 %, y que la empresa Urbaser, empresa adjudicataria de la gestión, ha cumplido en estos tres años.


Así lo ha explicado el director de I+D de Urbaser, Eduardo Fernández, en una visita a las instalaciones del nuevo laboratorio de investigación del Complejo de Tratamiento de Residuos Urbanos, a la que ha asistido el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y la consejera de Servicios Públicos, Carmen Dueso.


Las instalaciones de este laboratorio, el primero de España de estas características que será inaugurado en septiembre, permitirán desarrollar nuevas tecnologías para mejorar los procesos de reciclaje que se llevan a cabo en el centro y poder disminuir la cantidad de residuos que se trasladan al vertedero. "Son tecnologías nacionales e internacionales que se prueban a una escala suficiente para que puedan ser transportables a las instalaciones. Aquí podemos hacerlo con mil litros o toneladas de residuos, lo que nos permite tener un conocimiento real para transportarlo a las plantas", ha comentado.


Una de las líneas de investigación que se desarrollará en el centro consiste en transformar el residuo urbano en un combustible, una "especie de biomasa" para que pueda ser utilizado por la industria en lugar del petróleo, generalmente por las cementeras.


En esta línea, otra de las investigaciones abiertas es la modificación de los parámetros para mejorar el compost, es decir intentar que los lixiviados sean tratados adecuadamente durante el proceso, para disminuir su impacto ambiental.


Sin embargo, Fernández ha señalado que si los ciudadanos reciclaran adecuadamente, el compost final tendría más calidad y podría ser utilizado, no sólo en el campo, sino como abono en parques y jardines de la ciudad, algo que también se podría llevar a cabo si la Administración "flexibilizara" la normativa vigente. "Por ejemplo, es muy normal que nos encontremos elementos pesados en el compost tratado y viene de que alguien ha depositado una pila donde no debía. Nosotros partimos de esta condición para gestionar la basura, pero lo ideal sería que todos fuéramos conscientes con el medio ambiente", ha explicado.


Actualmente, el CTRUZ evacúa alrededor de 600 toneladas de compost al mes, que son recogidas por distintos agricultores gratuitamente porque "ha habido que adaptarse a la situación económica del país", a diferencia de lo que ocurría hace doce meses, cuando este servicio se cobraba, ha apuntado el director del centro, José Miguel Latasa.

Durante el tiempo que lleva funcionando el complejo, los residuos que no han sido reciclados se han depositado en uno de los vasos del complejo, el más pequeño de los tres, que en día se encuentra al 90 % de su capacidad, de tal forma que se espera su llenado completo a finales de diciembre.


Con esta previsión, que según Latasa cumple escrupulosamente los plazos previstos, se está procediendo a la impermeabilización del segundo vaso que se utilizará durante los próximos cuatro años, y una vez que se llene se empezara con el tercero, el más grande de todos.


Teniendo en cuenta la degradación del material, los tres vasos estarán completamente llenos dentro de 16 años, es decir en diciembre de 2028, que es cuando finaliza el contrato establecido con el ayuntamiento.