La Audiencia de Zaragoza ha acordado inhibirse en el juicio contra dos miembros de una red que favorecía la inmigración ilegal mediante la supuesta venta de documentación falsificada y la concertación de bodas de españoles con mujeres rusas.

El tribunal ha estimado una alegación previa de competencias planteado por uno de los letrados de la defensa, el abogado Miguel Capuz, y ha resuelto enviar el sumario a la Audiencia de Barcelona al entender que los hechos a enjuiciar se produjeron en la provincia de la capital catalana.

Capuz ha explicado a los medios que si el tribunal catalán rechaza encargarse del caso, será el Tribunal Supremo quien resuelva el conflicto de competencias planteado entre las audiencias de Zaragoza y Barcelona.

El letrado ha añadido que aunque los hechos fueron denunciados en la capital aragonesa por una testigo protegida, lo que dejó en manos de la policía y de los juzgados de Zaragoza la investigación, la supuesta comisión del delito se llevó a cabo en Barcelona.

Al inhibirse en favor de la Audiencia de Barcelona, el tribunal zaragozano no ha valorado otras cuestiones previas planteadas por el mismo letrado referentes a las intervenciones telefónicas que motivaron la acusación.

Según este letrado, las escuchas continuaron tras ordenar el juez instructor el archivo provisional del caso y se realizaron sin informar a la fiscalía y al margen de un procedimiento judicial en marcha.

En su escrito provisional de acusación, el fiscal atribuye el liderazgo de la organización a Liana F., una mujer de nacionalidad rusa casada con un español, a la que responsabiliza de dedicarse a la captación de mujeres de su misma procedencia necesitadas de documentación para permanecer en España.

La acusada cobraba a sus víctimas entre 300 y más de 2.000 euros para conseguirles la documentación requerida, pasaportes rusos con sellos Schengen falsos que le eran remitidos desde Rusia por su hija.

Según la fiscalía, Liana F. llevaba a cabo su labor en connivencia con el también acusado Manuel M.N., un hombre de nacionalidad española que se encargaba junto a su cómplice de preparar todos los trámites y de concertar las bodas fraudulentas, por las que cobraban a sus víctimas 7.200 euros.

El fiscal dirige asimismo la acusación contra cuatro mujeres rusas que se sirvieron de la red para conseguir, a cambio de cantidades que oscilaban entre los 500 y los 3.000 euros, documentación para poder permanecer en España.

La acusación pública solicita para Liana F. condenas de prisión de 2 años y 3 meses y de 4 años por los presuntos delitos continuado de falsedad y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

También reclama 4 años de prisión a Manuel M.N. por un presunto delito contra los derechos de los extranjeros, y condenas de un año para las cuatro mujeres que requirieron los servicios de la red para conseguir documentación fraudulenta.