La plataforma Stop Desahucios ha denunciado el incumplimiento del decreto ley para atenuar el problema de los desahucios y pide la colaboración de la ciudadanía para apoyar su causa y la iniciativa legislativa popular que se quiere impulsar para frenar los desahucios.

Miembros de la plataforma y distintos afectados por no poder pagar la hipoteca han comparecido en rueda de prensa para informar de que no se ha producido ningún cambio en la tendencia, sino que se mantiene la cifra de ejecuciones de desahucios, que en Zaragoza llegan a ser de tres o cuatro pisos al día.

Actualmente, según Pablo Híjar, portavoz de Stop Desahucios, "casi nadie" cumple las condiciones impuestas por el Gobierno para que no se ejecute el embargo a cambio de la dación de la vivienda, que "queda en manos" de las entidades bancarias.

Híjar cree que las entidades solo aceptarán la dación en pago cuando les resulte de interés, con lo que se demuestra que la ley "va a ser insuficiente" y "no va a quedar más remedio que pelear caso por caso".

Por eso, la plataforma anima a la ciudadanía en riesgo de perder su vivienda a acercarse hasta el local de la Pantera Rossa de Zaragoza para asistir a las asambleas que se celebran los lunes o a la asesoría de los viernes por la mañana y exponer sus casos, aunque sólo sea para "desahogarse", ha subrayado Daniel Delgado, miembro de la asesoría.

Delgado observa que desde hace aproximadamente un mes se está produciendo un aumento "alarmante" de los casos porque los bancos "lo único que quieren es hacer negocio con un derecho como es el acceso a una vivienda digna".

Gracias a la presión que está haciendo este colectivo los bancos han parado algunas ejecuciones y no echan de las viviendas a sus moradores aunque hayan dejado de pagar.

Sin embargo, a juicio de Híjar estas entidades "están jugando con nosotros esperando a ver si los activistas nos vamos a casa cansados", algo que, ha asegurado, no se va a producir, al tiempo que ha advertido de que "lo que está detrás de los desahucios es una generalización de la pobreza".

Actualmente, la plataforma está analizando siete casos de riesgo de desahucio con siete entidades bancarias gracias al apoyo que les prestan varios abogados de forma desinteresada, aunque también se están encontrando con dificultades para disponer de un abogado de oficio.

Por eso, apelan a la colaboración de la ciudadanía para que "echen una mano", acompañen a los afectados a los bancos, ya que muchos son extranjeros que no dominan el idioma y se presenten en las movilizaciones cuando se va a producir un desahucio, como la prevista para el próximo día 28 en la calle Salvador Minguijón de la capital aragonesa.

El afectado en este caso es un senegalés, su mujer, sus dos hijos y otro familiar, quien pide que el Banco de Valencia, que se ha adjudicado su vivienda en una segunda subasta a un precio un 60 por ciento inferior a lo tasado, y que pide que acepte la vivienda a cambio de los 13.000 euros que les debe.

La plataforma denuncia además los elevados gastos que tienen que soportar los afectados por impago, que en el caso del senegalés ascienden a 44.000 euros, cerca de 14.000 por las costas y el resto por la liquidación de intereses.

Stop Desahucios advierte asimismo del problema que genera esta situación ya que una vez que se ha ejecutado el embargo, el antiguo propietario tiene que seguir haciendo frente a una deuda y al pago de un alquiler que al cabo del tiempo tampoco va a poder pagar, por lo que instan al Gobierno de España a que ponga en marcha un plan de alquiler social con el parque de pisos que se han quedado los bancos.