Más de un centenar de delincuentes juzgados y condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza en los últimos años están huidos de la Justicia. Son personas que fueron sentenciadas en su día a penas de más de dos años de prisión pero que no han llegado a pisar la cárcel ni un solo minuto desde que conocieron el castigo que tenían que cumplir.

Las tres secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial de Zaragoza acumulan algo más de un centenar de sentencias pendientes de ejecución, lo que en el argot judicial se conoce como ejecutorias. Lo mismo ocurre con los nueve juzgados de lo Penal de la Ciudad de la Justicia, aunque en su caso se desconoce la cifra de huidos puesto que no se recoge en ninguna estadística pública. Aunque el dato pudiera parecer elevado, hay que tener en cuenta que cada año se tramitan en los tribunales aragoneses unos 200.000 asuntos y se dictan alrededor de 45.000 sentencias.

Pero aún así, el número de personas cuyo paradero se ignora revela que las órdenes de busca y captura, el medio que tienen los jueces para evitar que los delincuentes condenados eludan su paso por prisión, no siempre surten efecto.

Fuentes judiciales explican que es cierto que tarde o temprano –al registrarse en un hotel, renovar el DNI o pasaporte o caer en un control de alcoholemia– algunos son detenidos, pero en otros casos pasan huidos el tiempo suficiente para que su delito prescriba. Así pasó la semana pasada con un individuo dominicano condenado en 2005 por la Audiencia de Zaragoza a seis años de cárcel por tráfico de drogas y que no ha podido ser localizado en los últimos diez años para que cumpliera su pena. Estas fuentes admiten que la ley es muy garantista y que establece unos pasos determinados para comunicar una sentencia, lo que en ocasiones es aprovechado por el infractor para poner tierra –e incluso mar– de por medio.

Lo primero que se hace es notificar al procurador el fallo judicial y después se fija una fecha para que se presente en prisión. Cuando el condenado la incumple y la cárcel comunica que no ha acudido, un funcionario irá a su último domicilio conocido para requerirle su presentación. En el momento en que se comprueba que no está, el tribunal emite una orden de busca y captura a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que, si lo localizan por cualquier motivo, lo detengan y pongan a disposición judicial.Averiguación de domicilio

La Policía, por su parte, lo primero que hará es introducir todos sus datos en los archivos que comparten los otros cuerpos y averiguar si el fugado está en el último domicilio que facilitó. Aunque lo más frecuente, en el caso de delincuentes habituales, es que sean detenidos cuando vuelven a cometer un delito. Mientras tanto, siguen haciendo visitas periódicas y consultando las bases de datos. Pero una vez hecho esto, su localización quedará al azar de un control, una inspección o el cruce, por ejemplo, por una frontera en la que le pidan el pasaporte.

Cuando se tiene la sospecha de que el sentenciado se ha podido marchar al extranjero, lo habitual es que las órdenes de detención nacionales se eleven a internacionales y se contacte con el grupo de Interpol correspondiente.

El GPS de los teléfonos móviles se ha convertido en una útil herramienta para los agentes, pero este tipo de rastreo debe ser autorizado por un juez. En los casos de fugados de la justicia, los jueces no autorizan ni las escuchas ni las localizaciones telefónicas, ni siquiera las vigilancias ya que la ley prevé que estos métodos de investigación se utilicen solo para descubrir delitos que se están perpetrando, y no presentarse para cumplir prisión por la fechoría cometida, paradójicamente, no lo es un acto delictivo.