La excaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, ha declarado que no tenía "interés personal" al rechazar la recepción de las obras de una gran urbanización en la localidad, un asunto por el que ha comenzado a ser juzgada en Zaragoza acusada de dos delitos de prevaricación.

Pinilla, contra la que los demandantes -los promotores- han presentado una querella en la que piden 16 años de inhabilitación, que el ministerio público ha reducido a ocho años y medio, ha declarado durante unas dos horas y media ante el titular del juzgado de lo Penal número 2.

Este asunto es distinto al macroproceso instruido por el Juzgado de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) contra la exalcaldesa, fruto de la denominada 'Operación Molinos' (2009), en el que se le piden 37 años de prisión y multas por más de 22 millones de euros por delitos de corrupción vinculados a operaciones urbanísticas, que presuntamente le reportaron beneficios multimillonarios "ilícitos".

En el juicio, la exalcaldesa, quien pasó en 2009 varios meses en prisión, ha reiterado varias veces que se negara a firmar el decreto de recepción de las obras de la urbanización y ha enmarcado esta querella en sus problemas judiciales y con un refrán popular: "a río revuelto ganancia de pescadores".

Y es que los querellantes le reclaman una indemnización de 3.685.000 euros que, en el caso de no poder abonar -tiene sus cuentas embargadas por la otra causa-, deberá hacer frente el ayuntamiento de La Muela como responsable civil subsidiario.

María Victoria Pinilla, quien ha respondido de pie (con un receso de veinte minutos) al interrogatorio de las partes, ha afirmado que no se recepcionaron las obras de la urbanización porque solo se presentó las correspondientes a una calle, la vía principal, de las 57 proyectadas, sin redes de agua, gas, luz, iluminación pública, aguas residuales o aceras, entre otras.

La acusación, en su querella, sostiene que la excalcaldesa actuó sin causa justificada alguna pese a que el arquitecto municipal elaboró un informe favorable -aunque se debían ejecutar unas obras para el bombeo de aguas residuales- y que firmara el decreto correspondiente.

Pinilla, tras afirmar que quería colaborar "en todo lo que pueda", ha remarcado que actuó teniendo en cuenta al arquitecto y los técnicos y las personas que entienden de estas cosas, que había cuestiones que no conocía directamente y de las que se encargaban otras personas, como la entonces responsable de urbanismo, Mirian Fajardo, a la que ha citado varias veces, y que declarará como testigo en el juicio.

Ha alegado sentirse "perdida" ante cuestiones técnicas, como la mayoría de los cargos públicos municipales, pero ha reiterado que la no recepción de la obra se hizo tras escuchar a la representación legal del municipio y los técnicos.

La exalcaldesa ha reprochado al abogado de la acusación que le quisiera "enredar" y "confundir" con documentos y fechas que no recordaba y ha indicado, respecto a las actas que se realizan de los plenos, que hasta los secretarios también se equivocan.

El desarrollo de la urbanización se remonta a 2003 y en 2006 se solicitó la recepción de la obra al ayuntamiento, que se pronunció a favor de la misma en un pleno celebrado en julio 2008, y que, según la acusación, la alcaldesa se negó a firmar.

La urbanización, un millón de metros cuadrados en los que se pretendían construir unas 1.500 viviendas, sigue sin desarrollarse.

El juicio continuará el 27 de enero con la declaración de once testigos y concluirá el 3 de febrero con las de los peritos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Pinilla comenzó en 1987 a gobernar el Ayuntamiento de la Muela, un municipio con más de 5.000 habitantes y situado a 25 kilómetros de Zaragoza, primero por el CDS y luego por el Partido Aragonés (PAR).