Los consejeros de Plaza "no sabían" que el contrato con Codesport podría ser ilegal

Varios exmiembros de primer consejo de administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) han asegurado que nadie les advirtió de que jurídicamente la ampliación al alza del contrato para la construcción de varias naves adjudicado a la empresa Codesport pudiera ser ilegal.

Así lo han asegurado en la comisión parlamentaria que intenta depurar responsabilidades políticas en la gestión y desarrollo de Plaza, en la que han comparecido catorce personas, entre ellas el presidente del consejo entre 2000 y 2007, Javier Velasco; el vicepresidente entre 2000 y 2003, Antonio Suárez; el consejero entre 2000 y 2006 Eduardo Bandrés; el consejero delegado entre 2003 y 2010, Carlos Esco, y el consejero entre julio de 2006 y octubre de 2011 Alberto Larraz.

"Gestión sin irregularidades"

Los catorce comparecientes han coincidido en señalar que no detectaron ningún tipo de anomalía ni irregularidad en la gestión de la sociedad pública, que disponían de toda la información requerida y necesaria y que todas las decisiones en el consejo de administración se tomaban por unanimidad.

Los diputados miembros de la comisión de investigación han preguntado a los comparecientes por el contrato para la construcción de varias naves adjudicado a Codesport, la empresa del empresario Agapito Iglesias, también imputado, que fue modificado al alza en cuanto al número de naves y que pasó de 14 a 28 millones de euros, con aceptación del consejo de administración, sin nuevo concurso.

Velasco ha asegurado que "nadie" hizo una advertencia legal de que hubiera que hacerlo "de otra manera" y los servicios jurídicos entendieron que "se podía hacer"; Bandrés ha negado trato de favor a Iglesias y ha insistido en que los asesores jurídicos del consejo no advirtieron de que fuese necesaria una nueva licitación, y

Esco: "Nadie protestó"

Esco ha apuntado que nadie "protestó" por la modificación y nadie informó de que este cambio "radical" pudiera ser ilegal.

Esco está imputado en dos de las causas judiciales abiertas por supuestas irregularidades en varios contratos de Plaza, una de ellas por firmar pagarés por 8,7 millones de euros sin autorización del consejo de administración. Algo que ha negado con el argumento de que la firma de estos documentos por un valor superior a 10.000 euros era mancomunada con el exgerente Ricardo García Becerril, por lo que los bancos no habrían aceptado pagarés por más de este importe que no contaran con las dos rúbricas.

A este respecto Larraz ha indicado que los pagarés "no pasaban" por el consejo.

Los consejeros propuestos por la DGA y el Ayuntamiento tampoco vieron irregularidades

Además, han comparecido los consejeros a propuesta de la Diputación General de Aragón José Luis Marqués y Andrés Cuartero, y los nombrados por el Ayuntamiento de Zaragoza Jerónimo Blasco, Ricardo Cavero y Manuel Blasco, quienes han coincidido en asegurar que no detectaron irregularidades en el tiempo que formaron parte del consejo.

Ricardo García Becerril

También se ha hablado de la contratación y desempeño del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, imputado en cuatro causas abiertas en relación a los contratos de Plaza.

Velasco ha explicado que García Becerril cobró todos los años, desde 2001 y al menos hasta 2007 (en total lo cobró hasta 2009), un plus de productividad, aprobado también por unanimidad por el consejo, de en torno a los 12.000 euros por cumplir los objetivos propuestos.

Ha dicho al respecto Velasco que se acudió al mercado para contratar a García Becerril, nombrado a propuesta de Bandrés como él mismo ha reconocido, Suárez ha indicado que su salario, en una horquilla de entre 90.000 y 120.000 euros, era acorde con los sueldos medios de los altos gestores de empresas, y Larraz ha considerado que "si lo cobró, debe ser que lo mereció hasta entonces".

Larraz ha dicho que no cree que haya hoy día una empresa, incluida la actual Plaza, con más controles y garantías en la gestión del dinero público.

Por la comisión han pasado también un representante de Ibercaja, Luis Gracia Ballesteros, y tres de Caja Inmaculada, Elena Vivas, Joaquín Torres y Fernando Herrando. Ninguno, según han declarado, tuvo trabas en el acceso a la información y nunca oyeron hablar de sobrecostes o problemas en las reuniones del consejo.

"No recuerdan los detalles de la modificación del contrato"

Todos han manifestado que no recuerdan que los detalles de la modificación del contrato de Codesport al alza fueran tratados en el consejo de administración, más allá de su formulación general y desconocían que Plaza no solicitó la pertinente autorización a la DGA, que debía llegar por decreto, para suscribir dos ampliaciones de capital en 2002 y en 2013 y una operación de crédito por 42 millones en marzo de 2002.