María Victoria Pinilla no tiene abogado pero no se ha quedado de brazos cruzados con las decisiones que el juez de la Operación Molinos ha tomado respecto a ella, en especial la de no liberarle 152.169 euros para poderse costear un letrado de su elección. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, se lo negó argumentando que su patrimonio fue inmovilizado para poder cubrir las responsabilidades civiles que se deriven de una hipotética condena y le dijo que pidiera un abogado de oficio (al que tampoco puede pagar).

Pinilla, a través del procurador que todavía mantiene, denunció este lunes al magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial; pidió a la Fiscalía que abra una investigación por si su actuación puede ser constitutiva de delito y solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y al Colegio de Abogados de Zaragoza que inicien las gestiones oportunas para acabar con su situación de "indefensión". Además, presentó un recurso de apelación de su auto ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, a la que pide que lo revoque.

En su ofensiva contra Lajusticia, aprovechó para hacerle también dos peticiones. Una de ellas, que acceda a desbloquearle las cuentas por cuantía de 300 euros mensuales para gastos de alimentación, como ha acordado la Audiencia Nacional con Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas. La acusada, para reforzar su reclamación, aporta el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que se deniega la solicitud de Rosalía Iglesias de 575 euros para alimentos, 1.000 para gastos mensuales de ella y su hijo, y 400 para que Bárcenas se compre cosas en la cárcel, pero se accede a fijar la cantidad de la que puede disponer en 300 euros mensuales. La decisión de este tribunal se basa en el criterio de inembargabilidad de los alimentos, que la exalcaldesa alega ahora para hacer idéntica demanda.

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