El abogado César Ciriano, que representa al exconcejal Carmelo Aured, ha presentado este viernes un recurso de reforma en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina contra el auto de su titular, Alfredo Lajusticia, de apertura del juicio oral, con fecha del pasado 23 de enero, del denominado caso de La Muela.

Un total de 43 personas, entre ellas, la alcaldesa de la mencionada localidad, María Victoria Pinilla, figuran como acusadas por una presunta red de corrupción urbanística que se destapó en marzo de 2009.

Ciriano ha solicitado la nulidad de la instrucción del sumario o bien se archiven todas las actuaciones o comience una nueva instrucción de las mismas, incluyendo una investigación de todas las operaciones urbanísticas y financieras ocurridas en La Muela en los últimos 10 años.

Asimismo, ha reclamado, entre otras cosas, que se incluya en la instrucción la totalidad de las conversaciones que grabó la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y que se transcriban todos los audios grabados.

La defensa del exconcejal de La Muela ha expresado que falta por transcribir un 80% de estas grabaciones, en las que "debe haber más cosas de más gente y más aclaraciones sobre las interpretaciones que se hacen en el sumario".

Tráfico de influencias y fraude

Aured está acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude en los impuestos de la renta y sociedades durante varios años, por lo que le piden 10 años de prisión, el Ayuntamiento de La Muela, y 22 años la Fiscalía, así como una provisión de 43,9 millones de euros por una posible responsabilidad civil.

Ciriano ha señalado que en este caso "hay cosas que están duplicadas", así como hechos prescritos y se le imputan delitos que no habría cometido, como percibir dos millones de euros que le habría abonado la empresa Sagain y que "no ha cobrado". 

Varios recursos

El letrado ha indicado que ya ha presentado recursos contra distintos autos y providencias dictados por el juez Alfredo Lajusticia. Desde el pasado 23 de diciembre el letrado ha presentado sendos escritos contra varias detenciones realizadas por la Policía el 18 de marzo de 2009, por considerarlas "ilegales" al haber durado seis días y no los tres preceptivos y otro contra la actuación de la fiscal por estimar que su esposo tiene intereses profesionales en La Muela.

También ha dicho que no se ha investigado el Sector III de La Muela y que, en general, se ha hecho una instrucción "pequeña". "Queremos que se investigue todo", ha dejado claro Ciriano, quien ha comentado que Carmelo Aured está dispuesto a facilitar información para realizar una instrucción completa, "en condiciones".

Asimismo, el abogado ha apuntado en su recurso que no sólo en el municipio de La Muela, sino en otros del entorno de Zaragoza se han realizado operaciones en la que se han vendido suelos a precios bajos a cambio de la realización de inversiones. Ha defendido la "buena fe" de "muchos alcaldes y alcaldesas". En opinión de Ciriano la mayoría de las acusaciones que se formulan "pueden ser desvirtuables a través de informes independientes".

Indemnización 

Además, en el recurso de reforma, Ciriano ha pedido que se desbloqueen las cuentas bancarias de Aured y una de la que es co-titular junto con su tío, que llevan seis años bloqueadas, lo que ha ocasionado el impago de una cantidad a Hacienda, además de que "no le han permitido realizar una actividad normal como autónomo", lo que es "un grave perjuicio". Ciriano considera que Aured debe ser indemnizado por este hecho.

El abogado ha anunciado que presentará una acción de responsabilidad patrimonial dirigida al Estado a través del Consejo General del Poder Judicial en las próximas semanas y que el pasado mes de octubre ya presentó ante Hacienda un escrito reclamando por todos los "errores" de la Agencia Tributaria.

Para solicitar la nulidad de la instrucción, Ciriano se remite a la doctrina 'Marbury contra Madison', una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1803 "que se aplica en todo Occidente" y con la que exige al juez de La Almunia, Alfredo Lajusticia, que actúe como valedor de los derechos fundamentales de todos y ampare a su defendido. "En la instrucción no se han respetado muchos derechos constitucionales", en especial los de Aured.

Ha dicho que el juez "no ha hecho ninguna instrucción". En el escrito señala que el 99 por ciento de la instrucción corresponde a los informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la Agencia Tributaria y del trabajo de la Fiscalía. Ciriano se queja de que no se han recabado informes de expertos, como correspondería a un caso prolijo, que acumula 80.000 folios de instrucción. "No debe escatimarse en medios materiales".

El abogado ha apuntado, asimismo, que el caso debería haber sido investigado por la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza y el puesto de La Almunia y no por la Policía Nacional, por ser La Muela un municipio rural.

En el escrito destaca la relevancia mediática del caso y la "gran presión social" que lo rodea, de ahí que sea necesario instruir el caso con especial "celo y un cuidado especial".

En Zuera

Carmelo Aured se encuentra en la cárcel de Zuera desde el pasado 21 de octubre, tras ser condenado por fraude fiscal en una operación inmobiliaria cuando era alcalde de La Muela. Su defensa ha recurrido el fallo ante el Tribunal Supremo (TS).

Aured comparecerá también en el juicio oral de una parte separada del sumario del caso Molinos, que comenzará el 17 de marzo, y en el que está encartado por tráfico de influencias por ayudar, presuntamente, a varias empresas a ver los expedientes de unos contratos de obras públicas que finalmente se adjudicaron a otros. En esta causa el principal encartado es Antonio Becerril.