El Gobierno de Aragón, a través de la coordinación de las direcciones generales de Energía y de Patrimonio, ha iniciado el proceso para obtener los certificados energéticos de los más de 400 edificios de su titularidad.

Es uno de los requisitos que contempla el Real Decreto que establece, a petición de la Unión Europea, la obligación de clasificar todos aquellos pisos o inmuebles objeto de una operación de venta o alquiler.

Dicho Real Decreto contempla a su vez obligaciones que afectan a todas las Administraciones. En concreto, establece que los edificios pertenecientes y ocupados por organismos públicos, cuya superficie sea superior a 500 metros cuadrados, deben obtener su certificado de eficiencia energética teniendo obligatoriamente que exhibir públicamente la etiqueta que lo demuestre obtenida en la certificación correspondiente.

Para ello, la DGA cuenta con la Red de Gestores Energéticos de los distintos departamentos y organismos públicos, que fue creada en enero por acuerdo del Consejo de Gobierno y que, formada por 27 técnicos, efectúa el seguimiento y control de distintas medidas de ahorro y eficiencia energética.

Según explican fuentes de Energía, “con la colaboración de estos 'responsables energéticos', cada uno de los Departamentos está trabajando en la obtención de los certificados energéticos de sus edificios, pudiendo contratar con un profesional o empresa habilitados la certificación energética o, en su caso, realizar las certificaciones con medios propios (funcionarios ingenieros, arquitectos...), para lo cual se han organizado dos cursos de formación de funcionarios en medidas de eficiencia y capacitación para la emisión de certificados”.

El registro tardará en llegar

Por otro lado, los trámites para la creación del registro de certificaciones energéticas sigue su curso, pero todavía tardará en llegar. Mientras en todas las demás comunidades autónomas del país ya se ha puesto en marcha a través de Órdenes regionales, en Aragón se ha optado por otra vía. “La normativa aragonesa es clara y establece que el tratamiento de datos de carácter personal exige una norma con rango, al menos, de Decreto”, explican desde la DGA.

En la actualidad, el borrador del nuevo decreto se encuentra ya redactado por la Dirección General de Energía y Minas, pendiente del informe de los servicios jurídicos del Departamento, como paso previo a su información publica. Un retraso obligado -solo se dio un día de plazo para crear el registro- que “no impide que las viviendas o edificios puedan certificarse y cumplir con sus obligaciones”, recuerdan en el Gobierno aragonés. A su vez, pese a que en otras autonomías se ha establecido una tasa por este servicio, la DGA “no contempla” cobrar nada a los propietarios.