Aragón cuenta con 156 viviendas para desahuciados

El Fondo Social de Viviendas, la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno y las entidades financieras para ofrecer pisos de alquiler reducido -entre 150 y 400 euros- a familias desahuciadas, ya ha adquirido forma y tamaño. Según los primeros listados ofrecidos por el Ministerio de Economía,Aragón cuenta con 156 pisos repartidos en 32 localidades, aunque más de la mitad están en la ciudad de Zaragoza. En toda España, la banca ha cedido 5.047 inmuebles procedentes de embargos, casi un millar menos de los previstos el pasado mes de enero, y el reparto no ha sido proporcional al tamaño o las necesidades de cada comunidad.

Frente a las 156 que se encuentran en territorio aragonés, y que representan un 3% del total nacional, tres regiones han sido las principales beneficiadas de la mayor parte de esta iniciativa. Cataluña (1.093 pisos), la Comunidad Valenciana (1.086) y Andalucía (859) acaparan más de la mitad de todas las viviendas incluidas en el fondo, mientras una comunidad de similar tamaño, como Madrid, apenas supera las 400.

En Aragón, la inmensa mayoría de los pisos (136) se encuentran en la provincia de Zaragoza, y más de la mitad solo en la capital, que cuenta con 82 de los 156 inmuebles repartidos por toda la Comunidad. La provincia de Huesca suma 16, nueve de ellos en la capital, por los dos de la ciudad de Teruel, que se completan con otros cuatro repartidos por otros municipios bajoaragoneses.

Entre los afectados, la medida ha sido valorada como algo positivo, aunque insuficiente para solucionar un problema que se ha disparado durante los últimos años. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Aragón se han producido más de 9.000 ejecuciones hipotecarias desde el 1 de enero de 2008, fecha marcada por el Gobierno para delimitar qué familias pueden solicitar uno de estos inmuebles. Algunos de estos desahucios corresponden a viviendas secundarias u otro tipo de propiedades, por lo que esa cifra se podría reducir hasta las 2.000 o 3.000 familias que habrían podido perder su hogar desde esa fecha, según estimaciones de Stop Desahucios.

“Es casi imposible saber cuánta gente ha perdido su primera vivienda, pero está claro que los 156 pisos no son una solución, sino un pequeño parche para un gran problema. Solo por nuestra asociación han pasado más de 250 casos, y tenemos constancia de que son más los que no acuden a nuestra ayuda que los que sí lo hacen”, explican desde esta plataforma. A pesar de la aparente escasez de inmuebles, en Stop Desahucios valoran esta medida como un primer paso hacia nuevas iniciativas menos nocivas para los afectados. “Es cierto que el Gobierno ha ido respondiendo a las peticiones y necesidades que han surgido alrededor de esta situación, pero queremos que nadie acabe en la calle y que las familias que sean desahuciadas se puedan quedar en su propia casa pagando un alquiler social durante al menos cinco años”, reclaman desde la plataforma.

Más viviendas sociales

Al margen de los pisos que forman parte de este Fondo Social de Viviendas, creado este mismo año gracias a un convenio entre el Gobierno, el Banco de España, 33 entidades financieras, la Federación de Municipios y la Plataforma del Tercer Sector -formada por organizaciones no gubernamentales-, otras administraciones también cuentan con programas de este calado.

El Gobierno de Aragón, por ejemplo, acaba de anunciar que destinará este año 2,7 millones de euros para crear una red de viviendas para alquiler social de la que se podrán beneficiar casi 500 familias aragonesas sin recursos. Además, son muchos los ayuntamientos que cuentan con este tipo de iniciativas. El Consistorio de Zaragoza, además de ofrecerse al Fondo Social de Viviendas para ofrecer su intermediación entre las entidades bancarias y los afectados -una iniciativa que todavía no se ha concretado-, gestiona más de 2.500 viviendas de alquiler social en la ciudad.