El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Luis María Beamonte, ha asegurado este jueves que la devolución al Estado, "si fuera necesario", de competencias de las comunidades autónomas no debe considerarse como un "acto de deslealtad". 

Beamonte (PP) ha hecho esta reflexión durante una intervención pública realizada con motivo de la celebración, en el marco de las Fiestas del Pilar 2012, del Día de los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza.

Ante los consejeros autonómicos de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, el responsable de la DPZ ha argumentado que, en el actual contexto de crisis, "España tiene un problema en la economía y la economía tiene un problema en las comunidades autónomas; y no reconocer esto es taparnos los ojos ante la evidencia".

Ha defendido, además, a las entidades locales como quienes "verdaderamente vertebran un país", y ha criticado que los municipios vuelvan a estar relegados en estos momentos, ha subrayado, de "cierta algarada autonomista-independentista".

Beamonte ha apoyado las quejas de los municipios respecto a la falta de un sistema de financiación suficiente y a un "secuestro permanente" de su autonomía local que les deja a "merced económica" de otros poderes.

En respuesta a la exclusión de partidas en el proyecto de presupuestos generales para 2013 de las obras de los tramos de la N-232 y N-II que permanecen sin desdoblar, unos de los principales puntos negros de la red viaria española, ha asegurado que "ninguna concesión administrativa está por encima de la seguridad de las personas".

"Hay cuestiones -ha añadido a este respecto- que no precisan más reflexiones, sino decisión, determinación y consignación económica".

El responsable político ha apoyado los trabajos a desarrollar por la futura ponencia que se pondrá en marcha en las Cortes de Aragón para determinar con "precisión" las competencias de las distintas entidades locales de la comunidad.

En relación a este punto, ha incidido en la necesidad de conseguir que una única competencia sea ejercida por un solo nivel administrativo a fin de optimizar los recursos públicos y favorecer una mayor eficiencia y proximidad respecto a los administrados.