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Juzgados

Piden prisión por fraude fiscal para cuatro imputados en la Operación Molinos

El ministerio público responsabiliza a los acusados, Carmelo A.P., José Miguel M.M., José Antonio P.E., Miguel Ángel H.L. y Carlos V.C., de ocultar al fisco 734.000 euros por la venta de tres parcelas a una constructora.

Efe. Zaragoza Actualizada 27/06/2012 a las 08:08
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El fiscal pedirá este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza penas que oscilan entre un año y 28 meses de prisión y multas de 2,4 millones de euros para cuatro personas imputadas en la Operación Molinos y a una quinta no relacionada con el caso a las que acusa de un supuesto fraude fiscal de 734.000 euros.

Los hechos fueron denunciados por la fiscalía en marzo de 2009, en las mismas fechas en las que el juez de instrucción de la localidad zaragozana de La Almunia destapaba el caso de supuesta corrupción urbanística de La Muela, una operación bautizada con el nombre de "Molinos", que está pendiente todavía de juicio.

En su escrito de acusación, el ministerio público responsabiliza a los acusados, Carmelo A.P., José Miguel M.M., José Antonio P.E., Miguel Ángel H.L. y Carlos V.C., de ocultar al fisco 734.000 euros por la venta de tres parcelas a una constructora.

Según la fiscalía, el supuesto fraude, realizado en dos operaciones de 390.000 y 344.000 euros, se llevó a cabo a través de tres empresas, una de ellas propiedad de Carmelo A.P., exalcalde de La Muela; otra controlada por Miguel Ángel H.L. supuesto testaferro del anterior; y una tercera en manos de Carlos V.C.

La acusación responsabiliza al exalcalde de participar en las dos operaciones supuestamente fraudulentas y pide para él penas que suman 46 meses de cárcel y 800.000 euros de multa.

En el supuesto fraude de 390.000 euros imputa a Carlos V.C., Miguel Ángel H.L. y José Antonio P.E., para los que pide penas de 25 a 28 meses de prisión y multas de 400.000 euros.

En la supuesta defraudación de otros 344.000 euros imputa, junto a Carmelo A.P., a José Miguel M.M., para el que solicita un año de cárcel y multa de 400.000 euros.

La fiscalía reclama, además, el ingreso de las cantidades supuestamente defraudadas en las arcas de la Agencia Tributaria.




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