Piden prisión por fraude fiscal para cuatro imputados en la Operación Molinos

Cuatro de los imputados en la Operación Molinos, contra la corrupción urbanística en el municipio de La Muela (Zaragoza), se han sentado hoy por primera vez, junto a una quinta persona no vinculada al caso, en el banquillo de los acusados para responder por un presunto delito de fraude fiscal de 734.000 euros. 

Para todos ellos, la fiscalía y la abogacía del Estado reclama penas que oscilan entre uno y tres años de prisión y multas por un importe total de 2,4 millones de euros por un presunto fraude fiscal vinculado a los negocios de uno de los procesados, el exalcalde de La Muela Carmelo A.P.

Según la acusación pública, Carmelo A.P., junto a los empresarios Miguel Ángel H.L., José Antonio P.E, José Miguel M.M., todos imputados en la Operación Molinos, y al asesor Carlos V.C., idearon una supuesta trama para evitar que el primero dejara de tributar 734.000 euros correspondientes al impuesto de sociedades de los ejercicios 2003 y 2004.

Antes de iniciarse las declaraciones de los acusados, la titular del Juzgado de lo Penal nº 5, donde se enjuician los hechos, ha rechazado dos cuestiones previas planteadas por las defensas para evitar la celebración de la vista.

La juez ha rechazado la petición de acumular la causa al sumario de la Operación Molinos al entender que los hechos enjuiciados no guardan una conexión directa con el caso, así como otra de anulación parcial del procedimiento instruido ya que, a juicio de las defensas, parte de la documentación empleada se había obtenido de forma irregular.

En su declaración, el exalcalde, al que la fiscalía acusa de realizar operaciones por un valor de 2 millones de euros entre 2003 y 2004 sin tributar a Hacienda, ha admitido que no declaró por algunas de las facturas que ingresó en sus cuentas esas dos anualidades.

Ha rechazado, sin embargo, que las facturas se hubieran falseado a través de sociedades interpuestas para encubrir el cobro de supuestas comisiones.

Las representantes de la fiscalía y de la acusación particular han interrogado al exalcalde por cada uno de los ingresos realizados en 2003 y 2004 que se realizaron, presuntamente, sin tributar.

Así, Carmelo A.P., hostelero de profesión, ha admitido que en 2003 prestó 734.000 euros a Miguel Ángel H.L. a través de su sociedad Activos Productivos Mirasol SL para que comprara unas fincas rústicas en la Muela que poco más tarde se vendieron a una inmobiliaria de Zaragoza por unos dos millones de euros.

El exalcalde ha admitido que cobró por esta operación un millón de euros, pero ha rechazado que Miguel Ángel H.L., cuyas ganancias ascendieron a 50.000 euros tras pagar al resto de colaboradores, actuara como testaferro suyo.

Las acusaciones y la propia presidenta del tribunal han expresado su sorpresa ante el hecho de que el exedil prestara el dinero para esta operación sin la firma de un contrato que le garantizara su devolución.

Carmelo A.P. ha reconocido también que cobró dos facturas de 300.000 euros cada una de una consultora inmobiliaria, Sagain, por la labor de intermediación realizada en la gestión de operaciones de compraventa de terrenos, en un caso, y por una opción de compra sobre un restaurante de su propiedad.

Las acusaciones también han cuestionado el origen de un ingreso de 149.000 euros realizado en 2004, que según el exalcalde corresponden a 22 millones de pesetas que sacó del banco entre los años 1998 y 2000 para el pago de proveedores y nóminas en unos momentos "críticos" para su negocio de hostelería.

La representante de la abogacía del Estado ha expresado su extrañeza ante el hecho de que hubiera sacado la cantidad en pesetas del banco y que lo hubiera ingresado años después en euros.

Por su parte, Miguel Ángel H.L. ha explicado que tuvo que recurrir al exalcalde para obtener recursos con los que adquirir las cinco fincas rurales referidas en La Muela ya que ninguna entidad de crédito quiso financiar la operación.

Este procesado, que ha admitido haber cobrado comisiones años atrás que no llegó a declarar, ha explicado que por la reventa de dichas fincas recibió un cheque de 1.049.000 euros, que entregó al exalcalde en concepto de pago por el préstamo, y otro de 547.000, del que obtuvo sus propios beneficios tras pagar a sus colaboradores.

Respecto a las razones por las que ejerció de intermediario en esta operación, ha explicado que "se rumoreaba que estos terrenos, próximos a una urbanización, podían ser urbanizados".

El juicio continuará este jueves con las declaraciones de los testigos, en su mayor parte funcionarios e inspectores de la Agencia Tributaria.