La Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (Apefa) ha anunciado que si el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón no aporta dinero -como ya hacen otras instituciones- para mantener el servicio social que presta se verá obligada a cerrar sus puertas. La psicóloga y directora de Apefa, María Ángeles del Val, considera que si el 95% de las familias que atienden les llegan derivadas de los juzgados, tanto de los de Familia como los de Violencia contra la Mujer, el departamento de Justicia debería ser uno de los puntales de la asociación.

El objetivo de la entidad social, que no tiene ánimo de lucro y es de interés ciudadano, es garantizar la seguridad y el bienestar del menor de edad así como la seguridad de las mujeres con órdenes de protección. La asociación, que tiene sus sedes en la calle de Blasón Aragonés de Zaragoza y en la de Cavia, de Huesca, facilita las visitas entre los niños y sus padres en casos de rupturas conflictivas y en las que no hay entendimiento entre las partes para entablar unos encuentros pacíficos. Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 1 de diciembre se han atendido 560 casos y han pasado por el centro 1.773 personas, 653 de ellas, niños.

"En los puntos de encuentro familiar hay muchas parejas rotas que no pueden ni verse, ni siquiera para asuntos relacionados con sus hijos. Detrás hay incumplimientos de resoluciones judiciales, denuncias, adicciones, enfermedades mentales, malos tratos o procesos de divorcio complejos", recuerda la asociación en un comunicado. Añade que cuando se dan estas situaciones, son los jueces los que deciden que las visitas se lleven a cabo en lugares "neutrales", en los que, con ayuda de terceros, se normalice la relación entre los progenitores hasta que sean capaces de cumplir el régimen de visitas por sí mismos y sin conflictos.

El número de casos va creciendo año tras año de forma significativa, sobre todo desde que en 2007 entró en vigor la ley que protege a las mujeres víctimas de violencia en Aragón, ley que cita como "centros de protección y apoyo" a los puntos de encuentro.

Desde su fundación en 2002, Apefa recibe ayudas de las diputaciones provinciales de Zaragoza y Huesca, de los ayuntamientos de ambas ciudades, del Instituto Aragonés de Empleo y, desde 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno Aragonés, con quien tiene firmado un convenio, al igual que con el consistorio oscense. "Sin embargo, del Departamento de Justicia, no. Es más, allí me dijeron que dependemos de Familia y de las obras sociales de las cajas de ahorro", manifiesta María Ángeles del Val. Fuentes del departamento señalaron ayer que en lo que queda de 2009 es "imposible" prestar alguna ayuda puesto que el presupuesto ya está cerrado y que para 2010 "se estudiará"

La asociación hace hincapié en su comunicado en que cuentan con el apoyo de los jueces de Familia, del Decano, Ángel Dolado, y de otros magistrados que tienen relación profesional con los puntos de encuentro familiar. "Apoyan la labor desarrollada en estos ocho años de trabajo y esperan una pronta solución del problema por el interés superior de protección de los menores y de las mujeres con problemas de violencia de género", manifestaron.

En la actualidad, la asociación, en la que trabajan 18 personas, cuenta con ayudas que rondan los 400.000 euros. Con ese dinero pagan los sueldos, los alquileres de las sedes y su mantenimiento, tanto de material fungible como de gastos de luz, agua, etcétera. "En estos momentos nos faltan 42.000 euros para terminar el año", dijo Del Val.

Por ese motivo, creen que para el buen funcionamiento de este recurso "tan necesario e imprescindible" es preciso contar con el apoyo no solo de Familia sino también de Justicia. "Con ello se garantizaría la calidad de su intervención, la digna remuneración de los profesionales y el mantenimiento de los medios adecuados. No hay que olvidar que los centros están abiertos los 365 días del año", manifiesta la asociación.